VALLADOLID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Cuentas ha entregado este miércoles en las Cortes de Castilla y León el informe de Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Valladolid, ejercicio 2016, aprobado en su última sesión plenaria del que ha sacado doce recomendaciones, entre las que destaca que los informes de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda deben incluir todos los entes del sector de las administraciones públicas.
El informe de fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Valladolid en el ejercicio 2016 concluye que el Ayuntamiento cumplió los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera en la liquidación del presupuesto de dicho ejercicio y que su deuda (107 millones de euros) se situaba "muy por debajo del límite establecido legalmente", en una tendencia de paulatina reducción
La regulación municipal, según señalan fuentes del Tribunal de Cuentas en un comunicado recogido por Europa Press, "adolece en algún caso de falta de coherencia o de adecuación con lo establecido en la Ley General de Subvenciones, produciéndose incumplimientos de algunos requisitos en el procedimiento de concesión de las mismas"-
El Consejo recomienda también que la prestación de los servicios del ciclo del agua, que comenzó a ejercer la Administración municipal a través de la EPEL Aquavall en el año 2017, se oriente a alcanzar los adecuados niveles de calidad, eficacia y eficiencia, en coherencia con los planteamientos que motivaron la creación de la entidad pública empresarial.
El trabajo, correspondiente al Plan Anual de Fiscalizaciones de 2018, analiza diversas áreas de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento y de sus entes dependientes mediante una auditoría de cumplimiento de legalidad.
En coordinación con los órganos de control externo autonómicos y el Tribunal de Cuentas se planteó la realización de fiscalizaciones específicas a las entidades locales más representativas, especialmente capitales de provincia. La de Valladolid la quinta que realiza el Consejo, después de Palencia, Ávila, Burgos y León.
En relación a la liquidación, el Ayuntamiento cumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria al obtener un superávit de 27,7 millones de euros; de igual forma se cumplió con la regla de gasto, al resultar inferior el gasto computable, cifrado en 217,2 millones de euros, al límite de dicha regla, situado en 217,5 millones.
Con carácter general, los ajustes practicados para el cálculo de ambos objetivos son correctos.
Según la información aportada, el superávit fue destinado a inversiones financieramente sostenibles en 2018 (11,1 millones) y 2017 (0,8 millones), amortizaciones anticipadas de deuda en 2018 (6,5 millones) y 2019 (5,7 millones) y operaciones pendientes de aplicación al presupuesto de 2016 (0,8 millones).
En relación a las cuentas de pérdidas y ganancias de los entes sectorizados como sociedades productoras de mercado, (Consorcio Mercado del Val, Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda, Unidad Alimentaria Valladolid, Necrópolis Valladolid y el Consorcio Institución Ferial de Castilla y León) únicamente la institución ferial presentó resultados negativos en 2016, situación que revirtió al siguiente ejercicio.
El remanente de tesorería para gastos generales de 2016 fue positivo, alcanzando la cifra de 41,4 millones de euros.
Respecto a los organismos autónomos, la Fundación Municipal de Cultura liquidó el presupuesto con un remanente de 3,1 millones, la Fundación Municipal de Deportes con 1,5 y la Semana Internacional de Cine de Valladolid con 0,4 millones.
MODIFICACIONES DE CRÉDITOS
A lo largo de 2017 se destinó una parte considerable del remanente de tesorería a modificaciones de créditos, entre las que destacan las destinadas a inversiones financieramente sostenibles, quedando al cierre del ejercicio 8,6 millones.
En cuanto a los indicadores presupuestarios, el grado de ejecución de ingresos está por debajo de la media de las capitales y el de gastos es muy similar.
ESFUERZO INVERSOR POR ENCIMA DE LA MEDIA
Los ingresos por habitante y gastos por habitante, son sensiblemente inferiores a la media, al igual que los ingresos tributarios por habitante. El esfuerzo inversor se sitúa por encima de la media.
El indicador del resultado presupuestario ajustado, es inferior a la media; no así el de ahorro neto.
Los indicadores del ejercicio 2017 muestran una tendencia similar a los de 2016, a excepción de los de ejecución presupuestaria que pasan a situarse por encima de la media, al igual que ocurre con el resultado presupuestario.
Se cumple con el límite de deuda o principio de sostenibilidad financiera, al situarse el capital vivo al cierre de 2016 (107 millones de euros) en un porcentaje sobre los ingresos corrientes liquidados muy por debajo del límite establecido legalmente (110 por ciento).
En la liquidación presupuestaria de 2016 se situó en un 43 por ciento, siguiendo una tendencia de una paulatina reducción de su deuda pública.
En relación a los entes dependientes sectorizados como sociedades productoras de mercado, su deuda viva al cierre de 2016 sumaba 16,6 millones de euros, viéndose reducida en 2017 a 14,2 millones.
En cuanto a la deuda comercial, la información mensual del Ayuntamiento en 2016 registra un periodo medio de pago inferior a 30 días, situándose entre los 0,41 y 23,54 días.
RECOMENDACIONES
Como consecuencia de las 50 conclusiones y de la opinión resultante del informe, el Consejo de Cuentas emite 12 recomendaciones.
Entre ellas, la relativa a que los informes de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda deben incluir todos los entes del sector de las administraciones públicas.
La implantación por parte del Ayuntamiento, a través del órgano de contabilidad, de un sistema de contabilidad analítica, dotaría de fiabilidad a la información sobre el coste de los servicios.
Además, añaden que la prestación de los servicios del ciclo del agua, que comenzó a ejercer la Administración municipal a través de la EPEL Aquavall al año siguiente del que ocupa a este informe, deberá orientarse a alcanzar los adecuados niveles de calidad, eficacia y eficiencia, en coherencia con los planteamientos que motivaron la prestación del servicio mediante la entidad pública empresarial creada a tal fin.
Dada la importancia económica de la actividad subvencional, se recomienda que el Ayuntamiento adecue el reglamento a la Ley General de Subvenciones.
