Representantes de la Coordinadora de Mujeres en la rueda de prensa de este lunes, 29 de septiembre, sobre el derecho al aborto. - EUROPA PRESS
VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora de Mujeres de Valladolid ha reclamado que se facilite la interrupción del embarazo en la sanidad pública de Castilla y León, donde existen "dificultades" por la objeción de conciencia y derivaciones a centros privados, lo que puede suponer "graves consecuencias" que suponen "inseguridad" para las personas.
Con motivo del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible que se conmemoró el 28 de septiembre, la representante de la Coordinadora, Olga Hurtado, ha recordado que la interrupción del embarazo es un derecho fundamental reconocido por Naciones Unidas, por lo que no tienen que presentarse "obstáculos normativos o dilatorios".
Sin embargo, en Castilla y León se enfrentan "dificultades" para abortar, que ponen a las mujeres en una situación "de consecuencias muy graves", como "abortos inseguros o ilegales", a causa de "dilaciones injustificables", "señalamiento y culpabilización", ha precisado Hurtado.
En este sentido, ha advertido que, de acuerdo a los últimos datos sobre interrupciones de embarazo en la Comunidad, de un informe de la Junta de 2023, se observa que en provincias como Soria, el 98 por ciento de mujeres que han querido interrumpir su embarazo han tenido que salir del territorio, en concreto a la Comunidad de Madrid.
"Se tienen que trasladar hasta allí, con lo que eso supone, un coste añadido y, a nivel psicológico, enfrentar esa situación fuera de tu ciudad", ha lamentado, para avisar de que esta situación también se repite, en menor porcentaje y también hacia otras provincias, en Segovia, Palencia y Ávila.
Hurtado también ha cuestionado la "prevalencia" de los centros privados como vía para la interrupción del embarazo, con los "costes adicionales" que conllevan, lo que implica "barreras económicas para muchas mujeres". "Desde que se aprobó la Ley del Aborto, más del 40% de las mujeres pagan por abortar en Castilla y en León, a pesar de ser una prestación financiada", ha señalado.
"Muchas de ellas han trasladado dificultades y dudas al intentar interrumpir un embarazo", ha relatado sobre situaciones que se encuentran las mujeres en la Comunidad, donde solo un centro médico privado, de la empresa Ginemédica y en Valladolid, tiene concierto con la Junta para practicar abortos a pacientes delegados del sistema público.
La objeción de conciencia es otra de las "dificultades" que se encuentran las mujeres, una decisión de los médicos que Hurtado considera no se debería tener al tratarse la interrupción del embarazo de un "derecho fundamental".
"Se considera que las mujeres somos un mero sujeto pasivo y que nosotras no tenemos derecho a decidir. Muchas veces esa legislación, esas barreras burocráticas ponen en peligro y en inseguridad a las mujeres que deciden abortar en Castilla y León", ha agregado Hurtado en todo este contexto, para exigir que se facilite el acceso al aborto en la sanidad pública de la Comunidad.
Según los datos del informe sobre Evolución de las interrupciones del embarazo en Castilla y León de 2023, último disponible, se realizaron 3.096 abortos ese año, on mujeres de entre 18 y 25 años y a partir de 40 como las que más han recurrido a esta opción.