CyL vota en contra de la distribución del PAPE que asigna 63,5 millones, ampliables a 71,2, algo menos del 50% de lo que corresponde
VALLADOLID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Empleo e Industria de Castilla y León, Germán Barrios, ha trasladado a la ministra del ramo, Yolanda Díaz, su "rotundo rechazo" a la nueva medida aprobada por el Ejecutivo central que permite que una parte de los ingresos procedente de las cotizaciones de formación que pagan empresas y trabajadores se pueda dedicar a sufragar prestaciones, "a costa de recortar esta financiación a las autonomías, y ello pese a que los asalariados ya cotizan cada mes para la protección frente al desempleo".
El consejero de Empleo ha considerado a este respecto que con la nueva medida del Gobierno de la nación adoptada ante el impacto económico de la crisis originada por el COVID-19 se está duplicando la aportación para el mismo fin.
Barrios, que participó ayer en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada por videoconferencia, trasladó el rechazo de la Junta de Castilla y León a una decisión que implica detraer recursos de las políticas de empleo que gestionan las comunidades autónomas "y, por lo tanto, vaciarlas de contenido y menospreciar su aportación a la dinamización del mercado laboral".
Tras reconocer que para paliar el impacto de la crisis sanitaria es necesario garantizar la cobertura de las personas que carecen de renta, Barrios ha recordado que "también lo es, indudablemente, asegurar la reactivación de la economía y el mantenimiento del empleo", por lo que ha considerado "imprescindible" contar con una "dotación suficiente" para ejecutar las medidas de empleo que impulsan las comunidades.
El consejero castellanoleonés también ha considerado "preciso" flexibilizar los criterios para reorientar los fondos hacia las políticas de empleo más necesarias en el contexto actual y ha abogado en concreto por excepcionar el carácter finalista de las transferencias estatales.
En este sentido, ha explicado que el Gobierno autonómico considera prioritario gestionar los recursos atendiendo a las necesidades específicas de Castilla y León y reforzar las medidas para el mantenimiento y fomento del empleo, como los incentivos a la contratación, las compensaciones a trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo o las líneas de ayuda a los autónomos, entre otros.
Por último, Barrios ha lamentado que desde la declaración del estado de alarma el Ministerio de Trabajo y Economía Social haya adoptado un conjunto de medidas que afectan a las relaciones laborales "sin atender los criterios de las comunidades autónomas", que en el ejercicio de sus competencias como autoridad laboral deben aplicar la normativa dictada por el Gobierno.
En su opinión, la última disposición contendida en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo supone romper con los principios de coordinación, cooperación y corresponsabilidad de las autonomías.
"Pese a todo, la Junta se compromete a continuar colaborando con lealtad institucional en el desarrollo de todas las iniciativas impulsadas para mitigar las consecuencias de esta crisis sobre la actividad productiva y el empleo", han asegurado desde el departamento que dirige Germán Barrios que ayer mismo había apoyado una carta.
En el transcurso de la reunión de ayer se aprobó, con el voto en contra de Castilla y León, la distribución entre las autonomías de los fondos previstos en el Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE). El Ministerio asignó a esta Comunidad 63,5 millones de euros para políticas de empleo, que se podrán elevar hasta los 71,2 millones a lo largo de 2020, cantidad que representa algo menos del 50 por ciento del presupuesto del PAPE que le correspondería a Castilla y León, según las estimaciones realizadas por la Consejería de Empleo e Industria, "sin que el departamento que dirige Díaz haya concretado a cuánto ascendería el total de las transferencias que debería recibir la Junta este año".
