CyL recurrirá los decretos de vivienda por invadir competencias de las CCAA y generar "inseguridad jurídica"

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado la voluntad del Ejecutivo autonómico de recurrir los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno central al entender que invaden de forma "clara" las competencias autonómicas, "perjudican" los intereses de la Comunidad y generan "inseguridad jurídica".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz ha explicado que el análisis con detalle de ambos decretos servirá para construir y presentar los correspondientes recursos en defensa de los intereses de Castilla y León y de su ámbito competencial, un trámite que se formalizará una vez que se confirme su convalidación parlamentaria.

Fernández Carriedo ha reprochado al Gobierno central que haya actuado con una "exclusión total" de la opinión y participación de las comunidades autónomas a la hora de elaborar esta legislación, sin convocar reuniones ni entablar negociaciones previas.

A este respecto, el portavoz ha señalado que sobre las autonomías recaen obligaciones que no se han consensuado, entre las que ha citado el pago del alquiler por parte de la administración autonómica en nombre del inquilino cuando este incurra en impagos bajo determinadas circunstancias.

Fernández Carriedo ha advertido sobre el debate de inseguridad derivado de la concatenación de normativas aprobadas en días consecutivos. "El debate de inseguridad que genera que ayer teníamos una legislación aplicable, hoy teníamos otra distinta, mañana vamos a tener otra distinta porque la que se ha aprobado hoy que entra en vigor mañana sustituye en parte a la que se aprobó ayer que entra en vigor hoy", ha manifestado Fernández Carriedo.

Asimismo, la Junta ha considerado que las medidas estatales "equivocan" las acciones necesarias para facilitar el acceso a la vivienda a las personas con más dificultades. A juicio del Ejecutivo autonómico, la política estatal tendría que haberse estructurado en dos ejes principales, por una parte el incremento de la oferta mediante nuevas construcciones para lograr una bajada de los precios, y, por otro, la aportación de estabilidad, seguridad y confianza jurídica para que los pequeños propietarios pongan sus inmuebles en el mercado de alquiler.

El consejero ha considerado que las normativas aprobadas no consiguen estos objetivos, sino que "reducen la oferta, complican la situación y desincentivan al pequeño propietario". De igual modo, ha indicado que el resultado de las políticas desarrolladas en los últimos años ha derivado en que la vivienda haya pasado a convertirse en el primer problema de los españoles.

Por último, en relación con la declaración de zonas tensionadas, Fernández Carriedo ha rechazado la efectividad de este mecanismo y ha aseverado que los mayores problemas de acceso y desahucios en España se concentran en las comunidades autónomas que han desarrollado dicha normativa, debido a una reducción drástica de la oferta disponible que perjudica en mayor medida a los colectivos más vulnerables.