El Defensor del Pueblo recibió 1.734 quejas en CyL en 2025, un 17,9% más que en 2024

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha registrado este martes en las Cortes Generales el Informe anual de la actividad de la institución en 2025, y ha hecho entrega del mismo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol

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VALLADOLID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha tramitado un total de 1.734 quejas procedentes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León a lo largo de 2025, lo que supone un aumento del 17,9 por ciento respecto a 2024 y representa el 4,75 por ciento del total, donde destacan reclamaciones por retrasos en la Administración de Justicia y demoras, burocracia y funcionamiento administrativo.

En concreto, los temas más recurrentes a nivel nacional y que también impactan en Castilla y León han sido los retrasos y funcionamiento judicial en la Administración de Justicia (12,8 por ciento); prestaciones, pensiones y gestión administrativa en Empleo y Seguridad Social (8,1 por ciento); atención a colectivos vulnerables en Migraciones (6,4 por ciento) y política social (6,4 por ciento) y en Sanidad, educación y medio ambiente hay porcentajes relevantes de en torno al 4-5 por ciento.

El Defensor del Pueblo ha incluido en su informe anual de 2025 diversas actuaciones relacionadas con Castilla y León, entre las que destacan las quejas por la demora en la emisión de informes periciales psicológicos en los juzgados de instrucción de Burgos. Según el documento, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha decidido externalizar este servicio para paliar los retrasos acumulados en las diligencias penales.

La institución también ha abordado el problema de las cotizaciones a efectos de jubilación del profesorado de religión en la comunidad. En este sentido, ha citado una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Valladolid, fechada en diciembre de 2024, que ha reconocido el derecho de una docente a computar su periodo de trabajo anterior a la entrada en vigor del convenio de 2016.

En el ámbito de la transparencia y la participación ciudadana, el informe ha recogido actuaciones que afectan a entidades locales y administraciones autonómicas. El Defensor del Pueblo ha recordado la obligación de las instituciones de resolver en tiempo y forma las solicitudes y recursos de los ciudadanos, evitando el uso del silencio administrativo para eludir sus responsabilidades legales.

Asimismo, el organismo ha analizado el impacto de las políticas sociales y de vivienda en el territorio castellano y leonés durante el pasado ejercicio. La supervisión ha incluido el seguimiento de los criterios de baremación en procesos de ayudas públicas y la gestión de citas previas en oficinas estatales, con el objetivo de reducir la brecha digital y proteger a los colectivos más vulnerables de la región.

Finalmente, Ángel Gabilondo ha destacado en la presentación del informe que estas resoluciones buscan favorecer la labor de las administraciones para que den una respuesta adecuada a las necesidades de la población. El documento general refleja que el Defensor del Pueblo ha realizado más de 38.000 quejas y 253 actuaciones de oficio en todo el territorio nacional durante el año 2025.