Desestimadas las alegaciones al presupuesto del Ayuntamiento de Burgos, que se aprobará el 13 de abril

BURGOS 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, ha informado de la desestimación de las alegaciones presentadas al presupuesto de 2026 que quedaron aprobadas de manera inicial tras cumplirse el plazo de un mes desde la no presentación de alternativas y tras la cuestión de confianza perdida por lo alcaldesa Cristina Ayala.

Aunque las alegaciones han quedado todas desestimadas, seis del PSOE y ocho de un particular, el dictamen ha de pasar ahora por sesión plenaria que ratifique este acuerdo.

El equipo de Gobierno ha rechazado las alegaciones socialistas y el dictamen ha tenido que salir adelante con el voto de calidad del presidente de la comisión, dado que el PSOE he votado a favor de sus proposiciones y Vox se ha abstenido.

En cuanto a las alegaciones del particular, han sido desestimadas con el voto favorable del Partido Popular y la abstención de PSOE y Vox.

Respecto al contenido de las alegaciones del Grupo Socialista, los informes técnicos descartan, entre otras cuestiones, la inexistencia de crédito para la carrera horizontal del personal laboral, al constar partidas específicas diferenciadas.

Se ha rechazado "el supuesto riesgo para la sostenibilidad financiera" derivado de la deuda de los consorcios, al considerar que el "presupuesto cumple con los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera". También se ha desestimado la alegación relativa a "una posible vulneración de la normativa" del Patrimonio Municipal del Suelo, al recoger el documento presupuestario los ingresos y gastos vinculados a este ámbito.

Los informes técnicos indican que no existe "obligación de consignar inicialmente créditos" para subvenciones pendientes de ejercicios anteriores si no son exigibles, y descartan la incorrecta aplicación del principio de equivalencia en determinadas tasas, al no tratarse de servicios sujetos a dicho criterio.

En relación con las alegaciones presentadas por el particular, los servicios de intervención señalan que el estudio económico-financiero del planeamiento urbanístico tiene "carácter orientativo y no genera obligaciones presupuestarias directas".

Igualmente, Manzanedo ha apuntado que las previsiones sobre expropiaciones o inversiones urbanísticas "requieren actos concretos de ejecución" para generar obligación económica. Asimismo, rechazan la supuesta falta de crédito en distintas partidas, como las destinadas a cargas urbanísticas, mantenimiento de espacios o instalaciones deportivas, al entender que el presupuesto contempla mecanismos suficientes a través de partidas generales.

En cuanto a los ingresos previstos por enajenación de suelo, subrayan que se basan en criterios técnicos y su "eventual variación no invalida el documento presupuestario".

Por otro lado, el informe concluye que las consecuencias de la disolución del Consorcio Ferroviario están recogidas "en el presupuesto, tanto en términos de gasto financiero como de amortización de deuda". En conjunto, el dictamen considera que las alegaciones no acreditan ilegalidad en el presupuesto, sino discrepancias en cuanto a prioridades políticas, previsiones o interpretaciones técnicas.