VALLADOLID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Valladolid que valida la ubicación de las cinco estaciones de control de la contaminación atmosférica del Ayuntamiento, al considerar valora incorrectamente la prueba documental y por haber inaplicado el fallo sobre la materia de 2019 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Dicha resolución judicial es el resultado del recurso interpuesto por Ecologistas en Acción de Valladolid contra la negativa de la Concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible a revisar la ubicación de sus estaciones de calidad del aire, a la vista de los resultados de tres campañas de medición realizadas en 2020, 2021 y 2022 por la organización ambiental en algunas de las calles con más tráfico de la ciudad, así como del examen del emplazamiento actual de dichas estaciones.
Como conclusión de las campañas de medición de dióxido de nitrógeno (NO2) de la organización ecologista, se ha comprobado que los medidores ubicados en las estaciones oficiales del Ayuntamiento de Valladolid registran mucha menos contaminación que los instalados en las principales avenidas de la ciudad, en muchos casos en el acceso a centros educativos, en los mismos periodos, con los mismos aparatos y bajo las mismas condiciones ambientales.
La organización ambiental recuerda que el primer criterio legal de ubicación de las estaciones de medición es implantarlas en "las áreas situadas dentro de las zonas y aglomeraciones que registren las concentraciones más altas a las que la población puede llegar a verse expuesta".
Esta regla, a la vista de los resultados de las campañas de medición propias, "está siendo incumplida palmariamente por el Ayuntamiento de Valladolid, cuya información sobre la calidad del aire no resulta fiable", denuncia EA a través de un comunicado recogido por Europa Press.
Durante el proceso judicial, la actuación del Ayuntamiento de Valladolid ha ido dirigida a "denigrar las mediciones aportadas por la organización ambiental, con éxito a la vista de la sentencia", que, según critica EA, se limita a transcribir los informes ex profeso del actual Director del Servicio Municipal de Medio Ambiente, anterior Jefe de Sección de Calidad del Aire de la Junta de Castilla y León, junto a los aportados por su antiguo superior y todavía Jefe de Servicio de Prevención Ambiental de la Junta.
No obstante, sotiene que el Ayuntamiento de Valladolid no ha sido capaz de aportar ni un solo estudio científico que justifique el cumplimiento del requisito legal expuesto y otros como las distancias a tráfico y obstáculos por parte de sus estaciones de medición, como exige la sentencia de 26 de junio de 2019 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta circunstancia, critican, no ha sido tenida en cuenta por el Juzgado, cuando es la Administración la que está obligada a acreditar que cumple la normativa.
Ecologistas en Acción también sostienen que en lugar de verificar esta exigencia legal y otras deficiencias como el arbolado de gran porte que rodea la estación de Arco de Ladrillo o la distancia excesiva a la calzada de la estación de La Rubia, el Juzgado asume las "divagaciones" de los responsables de la Administración sobre cuestiones que nada tienen que ver con la buena o mala ubicación de las estaciones de control de la contaminación, como que la aglomeración de Valladolid cumple con el número mínimo de estaciones de medición o que el laboratorio municipal de calidad del aire está certificado por la norma ISO 17025:2015.
Por ello, EA recurrirá la sentencia ante el TSJCyL, donde mantiene otra demanda sobre la incorrecta ubicación de las estaciones urbanas de control de la contaminación atmosférica de la Junta de Castilla y León. Al tiempo, pide a la concejal de Medio Ambiente, María Sánchez, que no se deje arrastrar por la política clásica de la Junta y el Partido Popular dirigida a "maquillar" los problemas de contaminación.
Y es que recuerdan que el dióxido de nitrógeno (NO2) provoca cada año alrededor de 7.000 muertes prematuras en España, según el Instituto de Salud Carlos III y la Agencia Europea de Medio Ambiente, casi 200 de ellas en la ciudad de Valladolid.
Es un gas irritante que agrava las enfermedades respiratorias y merma la resistencia a las infecciones, incrementando la mortalidad de enfermedades como la COVID-19.