PGC.- CyL amplía de 18 a 24 meses el periodo de apoyo al pago de las cuotas de la Seguridad Social a los autónomos - JCYL
A partir de 2027 las ayudas de protección a trabajadores afectados por ERTE tendrán carácter abierto y permanente VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Servicio Público de Empleo de Castilla y León contará el próximo año con un presupuesto de 279,3 millones de euros de los que más de 225 millones se destinarán a políticas activas de empleo, incluida la modernización del propio organismo, y entre las actuaciones previstas figuran 11,35 millones para incentivar la contratación indefinida y 51,7 millones para programas de empleo local.
"Nuestro objetivo no es únicamente facilitar el acceso al empleo, sino también promover relaciones laborales estables que ofrezcan seguridad y oportunidades de desarrollo profesional", ha asegurado el consejero de Industria, Universidades, Comercio y Empleo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la explicación este martes del proyecto de presupuestos de su departamento para 2027.
La Junta prevé destinar el próximo año cerca de 21 millones de euros a la modernización, innovación y mejora de las infraestructuras del ECyL para ofrecer "un servicio más ágil, cercano y adaptado a las necesidades de trabajadores y empresas".
Entre las principales actuaciones destacan 4,6 millones de euros para modernización; dos millones para mejoras; 750.000 euros para innovación e inversiones destinadas a la renovación y adecuación de oficinas de empleo, con actuaciones en La Serna, Astorga y Cistierna, en la provincia de León.
"Modernizar el Ecyl no es solo mejorar sus instalaciones y servicios; es reforzar su capacidad para conectar a las personas con las oportunidades de empleo y responder con mayor eficacia a las necesidades de nuestro tejido productivo", ha explicado el consejero.
Suárez-Quiñones ha destacado los 29 millones para el Plan Integrado de Empleo Local (PLANIEL), los 7,16 millones de euros para ELEX, destinado a la contratación de personas con discapacidad, y los 6 millones para JOVEL, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, para favorecer el empleo juvenil.
Asimismo, se ha comprometido a reforzar las actuaciones dirigidas a territorios con necesidades específicas, con 4 millones de euros para los municipios mineros (MINEL), 500.000 euros para los municipios de especial atención agraria (PEA) y 5,16 millones para MONTEL, que combina la creación de empleo con la prevención de incendios. El presupuesto incorpora 4 millones de euros para el programa PRORGAN, orientado a mejorar las oportunidades de inserción laboral de las personas con mayores dificultades de acceso al empleo.
Por último, ha explicado que la formación para el empleo contará con cerca de 130 millones de los que 68,87 millones se destinarán a formación y recualificación profesional, con 41 millones a personas desempleadas, 18,36 millones a la actualización de competencias de trabajadores ocupados, cerca de 7,5 millones a competencias digitales y 2 millones a formación impulsada por las empresas. A estas partidas se suman 5,7 millones de euros en becas y ayudas.
Otros 55,15 millones se dirigirán a la formación dual. Esta dotación incluye 38,4 millones para programas mixtos de formación y empleo, y 16,7 millones para actuaciones de colaboración entre el sistema formativo y las empresas.
En cuanto a las relaciones laborales se destinan 8,31 millones para reforzar las actuaciones para proteger a las personas trabajadoras, apoyar a las empresas y preservar el empleo ante situaciones de especial dificultad.
Dos millones serán para ayudas a trabajadores y empresas con "dos líneas de actuación prioritarias", reforzar la protección de las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y mantener las ayudas a las empresas para preservar el empleo ante circunstancias extraordinarias, como fenómenos meteorológicos adversos, emergencias de protección civil u otras situaciones excepcionales.
Como novedad, a partir de 2027 las ayudas de protección a trabajadores afectados por ERTE tendrán carácter abierto y permanente, "de manera que podrán solicitarse desde el momento en que se cumplan los requisitos, agilizando la respuesta de la Administración y contribuyendo a compensar la pérdida de ingresos (10 euros/día máximo 3.000 euros-10 meses)", ha explicado el consejero. "Se trata de actuar cuando más se necesita: proteger los ingresos de los trabajadores, acompañar a las empresas en momentos de dificultad y evitar que situaciones temporales se traduzcan en pérdidas definitivas de empleo", ha concluido.
