Sindicatos de Policía y asociaciones de Guardia Civil protagonizan un "encierro pacífico e indefinido" en el Ministerio del Interior - ASES-GC
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Varios sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil han anunciado este martes que han decidido protagonizar "por primera vez en la historia" un "encierro pacífico e indefinido" en el Ministerio del Interior tras dar por fracasada la negociación con la Secretaría de Estado de Seguridad para conseguir una "jubilación digna".
"Llevamos casi un año de reuniones y promesas; necesitamos compromisos concretos y soluciones", han indicado en un comunicado, en el que llaman a otros agentes destinados en Madrid a acudir a la Secretaría de Estado de Seguridad para "respaldar la movilización de forma pacífica y con absoluto respeto".
El encierro lo han secundado el SUP, Jupol y UFP por parte de los sindicatos de la Policía Nacional, así como representantes de AUGC, Jucil, AEGC, ASES-GC, IGC y Unión de Cabos, en el caso de asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
Tras el anuncio de convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre, una docena de sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil reclamaron al Ministerio del Interior que cerrara la negociación abierta para mejorar su jubilación anticipada.
En concreto, remitieron un escrito a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, reclamando que se celebrara una reunión. Según los sindicatos, este martes se ha celebrado la cita y les han dicho que no podían atender a la demanda de una jubilación digna debido a la convocatoria de elecciones generales.
INTERIOR, DISPUESTO A DIALOGAR Y LLEGAR A UN ACUERDO LA PRÓXIMA LEGISLATURA
El Ministerio de Interior ha insistido en su "disposición" de mantener el "espacio de diálogo" para "trabajar en la culminación de este proceso en la próxima legislatura" dado que "la convocatoria de elecciones generales no permite seguir avanzando en este momento", como les ha trasladado en la reunión de este martes a sindicatos y asociaciones.
Fuentes del Ministerio han defendido el empeño del Departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska en que la Policía Nacional y la Guardia Civil sean reconocidas como profesión de riesgo y han ensalzado la "singularidad profesional" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su "carácter especialmente penoso, peligroso e insalubre de la actividad" y que "ha sido reconocida ya en su marco retributivo".
Por ello, recuerdan que el pasado 29 de abril "se abrió una mesa técnica de trabajo" con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, con sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles "para encontrar vías de mejora de la jubilación de los policías nacionales y guardias civiles, tanto en el régimen general como en el de clases pasivas" y en la que se han celebrado seis reuniones.
NEGOCIACIÓN EN UNA MESA TÉCNICA
El pasado 23 de septiembre, tras la reunión de la mesa técnica, los sindicatos informaron de que la negociación para atender a su reivindicación histórica de mejorar la jubilación anticipada --equiparándose a otros cuerpos autonómicos y locales-- avanzaba a "buen ritmo" al aceptar la Secretaría de Estado de Seguridad novedades de "gran calado".
Los representantes de policías y guardias civiles se referían a la mejora de la jubilación para el grupo C1, llegando aproximadamente a los 39.000 euros, y el grupo A2, que alcanzaría la pensión máxima tanto para el Régimen General de Seguridad Social como para Clases Pasivas.
"La pensión deja de calcularse sobre una base congelada en el pasado y pasa a reflejar la evolución real de los salarios", indicaron desde SUP y AUGC.
Desde Jupol y Jucil también reaccionaron a la propuesta de la Secretaría de Estado de Seguridad, pero en este caso para huir del "triunfalismo" y recordar que su exigencia pasa por "elevar a 39.000 euros la pensión anual de jubilación de los policías nacionales y guardias civiles del grupo C1".
El sindicato UFP fue otro de los que valoró "favorablemente" la propuesta de la administración, aunque la consideraba insuficiente para fijar el haber regulador "a un mínimo de 39.000 euros anuales". "Hay avance pero todavía no hay acuerdo", apostilló.
