BURGOS, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha investigado a un vecino de la provincia de Granada que engañó presuntamente al propietario de una excavadora de la comarca burgalesa de La Bureba al hacerle creer que le iba a abonar 900 euros por la compra de este vehículo a través de una aplicación móvil de pagos instantáneos, cuando en realidad era el propio vendedor el que estaba aceptando entregar esa cantidad.
Tras apalabrar la compra de la citada excavadora, ambos acordaron el pago por parte del comprador de 900 euros a través de esta aplicación. Sin embargo, la operación realizada por éste no fue la transferencia de este dinero, sino dos requerimientos por valor de 500 y 400 euros al vendedor, el cual aceptó al creer que se trataba de un ingreso y no de una solicitud de pago.
Según ha informado el Instituto Armado a través de un comunicado remitido a Europa Press, los hechos se remontan al pasado mes de octubre, cuando el vendedor puso en oferta su excavadora en un portal web de compra venta entre particulares, a través de la cual se puso en contacto con él el falso comprador.
Fue dicha persona la que indicó, según las mismas fuentes, su deseo de abonar el importe convenido a través de la mencionada plataforma de pagos instantáneos entre particulares mediante el terminal móvil, a lo que el vendedor accedió.
Al momento recibió dos mensajes de solicitud, una de 500 y otra de 400 euros, que aceptó creyendo que se trataba de las peticiones de ingreso apalabradas, si bien no recibió el dinero en su cuenta bancaria, sino que fue él quien le entregó dichas cantidades que no pudo recuperar.
La denomina 'huella digital' dejada por el presunto estafador ha permitido a la Benemérita identificar a esta persona, un varón de 51 años con iniciales G.L.M. y vecino de la provincia de Granada que cuenta con vinculaciones previas por hechos similares, según las mismas fuentes.
Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Burgos. Para este tipo de conductas nuestro Código Penal contempla penas que aplicadas en su grado máximo pueden suponer multa de tres meses y prisión de tres años.