ÁVILA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de España dedicará 415.690 euros a cuatro centros de día de otros tantos municipios de la provincia de Ávila para hacer frente a la cobertura de las necesidades de atención de las personas valoradas con el Grado III de Gran Dependencia y con el Grado II de Dependencia Severa, Nivel 2.
Según publicó hoy el Boletín Oficial del Estado, la cantidad supone el 66 por ciento del coste total de las actuaciones subvencionadas, se aporta al amparo del convenio de colaboración suscrito entre la Administración General del Estado y la Comunidad de Castilla y León para desarrollar la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y financiar el nivel de protección establecido en dicha normativa.
En concreto, 214.017 euros son para el apoyo a la construcción y/o equipamiento de nuevas plazas para servicios de atención a la dependencia, así como para la adaptación de plazas que vayan a destinarse a tal fin, de titularidad pública de la Administración Local.
Esta cantidad se desglosa en los 101.759 euros previstos para el Centro de Día para Personas Mayores de Las Navas del Marqués, los 94.132 que se aportan al Centro de Día para Personas Mayores de Lanzahita y los 18.125 para el Centro de Día para Personas Mayores de Cebreros.
Mientras, para este mismo fin, pero relacionado con plazas de titularidad privada, el Gobierno de España dedica 201.672 euros al Centro de Día para Personas con Discapacidad Física de Ávila capital.
El convenio antes citado se configura como el instrumento a través del cual las administraciones públicas intervinientes acuerdan los objetivos, medios y recursos en desarrollo del Marco de Cooperación Interadministrativa acordado en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y a Atención a la Dependencia (SAAD).
En este sentido, dicho convenio tiene por objeto financiar, mediante el establecimiento de una cantidad especifica para esta finalidad, los gastos de gestión del SAAD, singularmente, los derivados de la valoración de la situación de dependencia y apoyo para el reconocimiento y provisión de las prestaciones de dependencia, así como las inversiones que, en su caso, consten destinadas a tal fin.
