MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría ha anunciado que el Gobierno ha aprobado el Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos y ha explicado que la tramitación de esta norma ha sido "larga" porque el Gobierno ha esperado a un informe de conformidad de la Comisión Europea para asegurar que el texto se ajusta a la normativa comunitaria.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha señalado que con este Real Decreto se traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva de 2011/70 del Consejo pendiente de trasposición que establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos.
Además de completar y actualizar la normativa, Saez de Santamaría ha añadido que el Real Decreto regula también las actividades de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), que es la sociedad mercantil estatal encargada de la gestión de este combustible nuclear y de los residuos.
Según ha indicado, la norma incluye los principios generales a respetar en la gestión de estos elementos; precisa las responsabilidades asociadas a dicha gestión y establece el contenido del programa nacional de gestión de residuos, denominado plan general de residuos radiactivos.
Respecto a la "larga" tramitación, la vicepresidenta ha justificado que, en cumplimento del artículo 33 del reglamento de EURATOM, el proyecto fue comunicado a la Comisión Europea en enero de 2013 para recibir el informe de conformidad que "permitiera tener claro" que se ajusta a la directiva comunitaria y después se ha atenido a la reglamentación propia de propia de los reglamentos en el derecho español.
En último lugar ha señalado que la nueva norma modifica el Reglamento de Instalaciones Radiactivas de diciembre 1999 para establecer la posibilidad de que el titular de una instalación nuclear pueda solicitar una renovación de la autorización de su licencia de explotación siempre y cuando no haya afección a la seguridad nuclear, a la protección radiológica y que el cierre no haya sido derivado de alguna de estas circunstancias.
Este precisamente es el caso en el que se encuentra la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) que, en la actualidad, se rige por una licencia de cese de explotación.
