Un inspector de Hacienda asegura que las sociedades de la eólica realizaron operaciones de "simulación fiscal"

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un inspector de Hacienda, el mismo que testificó como perito en el juicio de 'La Perla Negra', sostiene que las distintas sociedades y sus representantes encausados en el presente proceso de la 'trama eólica' fraguaron un entramado o método en beneficio de "grandes grupos empresariales de Castilla y León" para realizar operaciones de "simulación fiscal" con fondos que ha llegado a denominar "auténticas donaciones o dádivas".

   El perito Juan Manuel Tocino, cuyo testimonio ha centralizado la jornada de este martes, se ha mostrado categórico al calificar dicha operación de "inverosímil", algo que, como así ha añadido, jamás lo había visto a lo largo de su dilatada carrera profesional, en alusión al acuerdo de compra de acciones alcanzado el 15 de febrero de 2007 entre Iberdrola y San Cayetano Wind del empresario Alberto Esgueva, mercantiles que en su día constituyeron la sociedad vehículo Energía Global Castellana para la promoción de distintos parques eólicos en Castilla y León.

   El experto fiscal, en declaraciones recogidas por Europa Press, no sólo ha puesto en solfa dicha operación que permitió a San Cayetano Wind hacerse con 44 millones de euros por revender a Ibercyl, filial de Iberdrola, acciones por las que había desembolsado dos años antes 24.000 euros, sino que también ha mostrado su escepticismo respecto de la relación mercantil entre ambas sociedades por cuanto la principal beneficiaria de esta recompra de participaciones no efectuó prestación alguna de servicios para la hidroeléctrica, a pesar de que era una condición impuesta en el acuerdo marco.

   "¿Pero qué necesidad tenía Iberdrola de dar entrada en su accionariado a esta empresa local, la necesitaba para lograr la autorización de las licencias de los parques? Yo, como técnico, entiendo que no, pero si además Iberdrola realiza a San Cayetano un préstamo de dos millones de euros con cargo a los dividendos...en lugar de buscar un socio capitalista. Por ello, la conclusión es que no se trata de operaciones mercantiles sino de operaciones que carecen de un motivo válido, unas operaciones que, en realidad, suponen un modo de disfrazar lo que hay detrás", ha espetado el inspector.

   "Es un modelo perfectamente definido, estudiado y muy antiguo consistente en la creación de sociedades interpuestas con el único objetivo de defraudar a la Hacienda Pública. Hasta en los periódicos aparece recogido", así de claro se ha mostrado el perito a lo largo de toda su declaración, que se ha iniciado a las 09.30 horas y se ha prolongado durante casi cinco horas.

   De hecho, el inspector ha insistido en que estamos ante operaciones de "simulación fiscal, que incurren en delito fiscal y requieren de una sanción en grado máximo", con el único propósito de defraudar a Hacienda utilizando la "estructura legal" de estas empresas. En el caso concreto de la relación entre Iberdrola y San Cayetano Wind, el perito no ha dudado al defender que la persona de la hidroeléctrica que materializó dicha operación "no tendría que haber durado en su cargo un minuto más porque costó a la compañía 44 millones de euros".

   En su declaración, el perito ha explicado que su investigación fiscal tiene su origen, sin embargo, en el estudio a partir de 2013 de la relación entre otra de las sociedades y sus tres representantes encausados, Collosa-Inverduero Eólica, con Preneal que hizo disparar las alarmas al detectar una serie de datos "extraños" que permitieron a la primera, sin contraprestación tampoco de servicio alguno, recibir un 51 por ciento de acciones de la segunda que se transformaron en un total de 35 millones de euros. Uno de esos datos anómalos hace referencia a que el Grupo Collosa había computado una deducción por importe superior al millón y medio de euros generada por Inverduero.

"VÍCTIMAS DEL SISTEMA"

   La investigación llevó en su día al inspector a concertar una entrevista con responsables de Preneal, en Madrid, en cuyo transcurso los interpelados llegaron a reconocer que "tenían que seguir trabajando, habían recibido importantes imposiciones y que ello les había costado muchos millones", mientras que otra de sus representantes reconoció que la mercantil "era una víctima del sistema", en alusión, presuntamente, al chantaje sufrido por altos cargos de la Junta para dar entrada en el 'pastel' eólico a empresarios de Castilla y León.

   El inspector sostiene que la relación entre estas mercantiles, al igual que las anteriores y otras sobre las que más tarde también ha informado, responden al mismo "modelo estudiado" o patrón según el cual se constituye una sociedad vehículo en la que "unos no hacen nada y cuando se otorgan las licencias, éstas adquieren un valor tremendo y se produce entonces un traspaso de fondos desde la sociedad que tenía los terrenos a una distinta", esta última, supuestamente, la perteneciente al empresario local que había sido impuesta por el viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, como condición 'sine qua non' para que el proyecto no quedara olvidado en algún cajón.

    "Estas últimas empresas revendían sus acciones por cantidades que multiplicaban por cientos y miles de veces el capital inicialmente aportado", ha resumido el inspector del fisco.

    En este mismo contexto ha situado el funcionario de Hacienda la operación entre Iberdrola y el empresario y exdirector general de Deportes de la Junta, Andrés Martín de Paz, otro de los catorce encausados en la 'trama eólica', con motivo de la sociedad denominada Villardefrades Eólica. En virtud de esta asociación, el acusado, amparado en la amistad que le unía con otro de los acusados, Ricardo Bravo, de Iberdrola, ofreció una parcela para la instalación de molinos de viento y entró en la sociedad con una aportación exigua de 600 euros.

   Lo llamativo del caso es que el industrial realizó a posteriori, el 15 de enero de 2007, una aportación de 357.000 euros que le fue devuelta por Iberdrola dos meses después, junto con otros 200.000 euros más y la recompra de acciones, con lo que la cantidad finalmente recibida se elevó a un total de 4.233.000 euros. "¿Qué es lo que ha financiado, nada, tan solo aportó 600 euros y recibió más de 4 millones por no hacer nada. Se trata, al igual que en las ocasiones anteriores, de una operación simulada, una donación o una dádiva, transferencias de fondos, que no de pagos, porque para pagar hay primero que deber", ha apostillado el inspector.

INVESTIGADAS LAS SOCIEDADES DE DELGADO

   En el caso de las sociedades participadas por el principal encausado, el que fuera viceconsejero de Economía en la época investigada, Rafael Delgado, el inspector ha pasado de puntillas respecto de las mismas ya que, como así ha advertido, la investigación sobre Sañudo Activos y Delgado Núñez Consulting la inició él en agosto de 2014 pero luego las pesquisas, de forma más pormenorizada, pasaron a manos del inspector regional de Hacienda.

   El perito sí ha indicado que de la investigación se constataron "traspasos de fondos" entre ellas y otras como Trough Trade, cuyo socio y administrador es el letrado Jesús Rodríguez Recio, supuesto 'testaterro' de Delgado; J. Abogados, también participada por este mismo abogado, y Nemo Holding, con sede en Suiza, también en ese mismo marco en el que el declarante insiste en que se trata de "utilizar la estructura legal" de todas estas mercantiles para defraudar al fisco.