VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional de Valladolid han dado por concluida una investigación de más de un año de duración en relación a una denuncia de los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León que alertó de varias comunicaciones electrónicas manipuladas referentes a una bolsa de empleo de celadores de SACyL.
Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, el investigado, residente en Motril (Granada), habría hecho uso de la dirección de correo corporativa, logotipos oficiales, escudos y cláusulas de confidencialidad de la Junta de Castilla y León.
También se acusa a esta persona de haber creado una identidad profesional ficticia de un letrado y de remitir a nombre del falso profesional varios escritos de presión al órgano competente del SACyL para la resolución de la bolsa de empleo de celadores en los que citaba el correo manipulado con las resoluciones falsificadas como si fueran actos firmes de compromiso legal.
Los investigadores de la Policía Nacional detectaron "inconsistencias graves" en estos escritos de presión, en los que se utilizaban datos de un abogado real colegiado en una provincia distinta a la supuesta sede del despacho, ubicada falsamente en la localidad de Plasencia.
Los hechos se remontan al mes de julio de 2025 cuando los servicios jurídicos de la Junta avisaron de la detección de comunicaciones electrónicas manipuladas. Los investigadores de la Policía Nacional en Valladolid constataron en sus pesquisas que el hombre investigado podría haber alterado el contenido de una respuesta auténtica de la Administración mediante correo electrónico, "en la que había insertado párrafos falsos, haciendo válida una candidatura a su nombre a una bolsa de empleo de celadores del SACyL".
La Policía Nacional ha explicado que la investigación técnica, consistente en el análisis de las cabeceras de los correos y el rastreo de las direcciones IP, fue una "pieza fundamental" para situar el origen de las comunicaciones fraudulentas del investigado en un domicilio particular de Motril.
Las mismas fuentes han asegurado que la investigación de la Policía Nacional ya concluida ha dejado constancia de la autoría del investigado y del rastro digital de las comunicaciones, "que ha quedado como prueba de cargo en las diligencias instruidas, ya que el investigado podría haber incurrido en delito de falsificación de documento público". Toda la investigación policial ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial competente.