VALLADOLID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valladolid ha asegurado que ha trasladado documentación a un equipo jurídico con intención de presentar una demanda ante el Juzgado correspondiente para reclamar informaciones solicitadas al equipo de Gobierno y que, a su juicio, éste no aporta, sobre materias como el Presupuesto de 2013, Urbanismo, la Sociedad Alta Velocidad y Desarrollo Sostenible.
Según han explicado los concejales de IU en el Consistorio vallisoletano, Manuel Saravia, María Sánchez y Alberto Bustos, el derecho a la información de los grupos municipales "no es efectivo" en el caso del Ayuntamiento de Valladolid, porque consideran que no se aportan los datos necesarios para el desarrollo de la función de oposición.
El portavoz del Grupo, Manuel Saravia, ha consideraron "injustificado" que no se aporte esta información, por lo que ha explicado que se llevarán a cabo varias acciones dirigidas a seguir reclamándola, como reiterar las peticiones en las distintas comisiones municipales, denunciar el caso ante las federaciones Regional (FRMP) y Española (FEMP) de Municipios e incluso ha apuntado la posibilidad de acudir a los tribunales.
En concreto, se alude a varios grupos de informaciones como las solicitudes de aclaración o desglose de numerosas partidas de presupuestos en las siete comisiones de estudio de las cuentas de 2013, celebradas a principios de diciembre de 2012. En este sentido, María Sánchez ha subrayado que bastaría con que el equipo de Gobierno remitiera a los grupos de la oposición la copia de los "cuadros" con los que contaban los ediles del PP en dichas reuniones.
También en el área de Hacienda, "el departamento con más dificultades para el acceso a la información", según la concejal de IU, han apuntado que el Grupo reclamó para el trabajo previo a un Pleno información sobre el número de inmuebles con valor catastral superior a 500.000 euros, que consideran que el Ayuntamiento utiliza para tramitar el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles.
En el área de Desarrollo Sostenible, han apuntado que se pidió "hace más de cuatro meses" más información sobre las quejas que se presentan al Ayuntamiento sobre limpieza y recogida de residuos, que IU espera obtener para evaluar el servicio. María Sánchez ha puntualizado que, "habitualmente" en la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones sólo se dan datos sobre el número de quejas y no sobre de qué lugares provienen ni a que materias afectan.
En tercer lugar, se reclama a Urbanismo, desde octubre de 2011, un informe sobre los "derechos adquiridos" en el suelo urbanizable que a juicio de Izquierda Unida es "fundamental en la elaboración de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana".
SOCIEDAD VALLADOLID ALTA VELOCIDAD
Por último, en una cuestión que afecta a Alcaldía, se ha pedido también varias veces y por escrito información sobre la situación económica y financiera de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, que como ha insistido Sánchez es de carácter público y su gestión "compromete a tres administraciones" como el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento y que, por lo tanto, afecta a los ciudadanos.
En definitiva, la edil de IU ha subrayado que no existe "razón alguna que imposibilite hacer públicas las informaciones planteadas" ya que consideran que son materias que no afectan "al derecho al honor, la intimidad personal o familiar o la propia imagen de nada, ni se trata de asuntos afectados por el secreto oficial o sumarial", recurriendo al texto del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales.
Sin embargo, Alberto Bustos ha recalcado que estas informaciones serían "críticas" para poder desarrollar la labor de oposición, por lo que entienden que esta actitud del equipo de Gobierno "limita o reduce" el derecho establecido.
Por ello, además de las reiteraciones de solicitudes y de acudir a otras instituciones como la FEMP, la FRMP y el Procurador del Común, Manuel Saravia ha apuntado que se trabaja con un equipo jurídico para que prepare una demanda contencioso-administrativa en la que se denuncie la vulneración del derecho a la información. En este sentido, ha recordado que existen "numerosas" sentencias judiciales que condenan a alcaldes y ayuntamientos por desatender solicitudes de este carácter.