VALLADOLID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
Fiscalía de Valladolid solicita cinco años de cárcel y otros tantos de inhabilitación profesional para el abogado A.F. por estafa sobre distintos clientes a los que en 2014 les hizo firmar distintos documentos sin que éstos se percatasen de que pasaban así a convertirse en deudores de un préstamo de 5.000 euros que nunca recibieron del procesado, así como de otra serie de obligaciones pecuniarias.
El juicio por estos hechos se celebrará en dos sesiones, la primera de ellas este jueves, 29 de noviembre, y la siguiente el viernes en la Sección Penal Cuarta de la Audiencia Provincial, donde el letrado ocupará banquillo acusado de un delito continuado de estafa, con la agravante de aprovechamiento de la credibilidad empresarial y profesional, así como de un delito de falsedad en documento privado y otro leve de apropiación indebida, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Además de la condena de cinco años de cárcel y de su inhabilitación por idéntico periodo de tiempo, la acusación pública solicita una multa de 1.080 euros y la declaración de nulidad de los contratos suscritos entre el procesado y sus clientes, junto con la devolución a estos últimos de las cantidades entregadas al abogado.
Los hechos objeto de la presente causa se remontan a 2014, año en el que distintas personas acudieron al despacho profesional de A.F. para que éste les representara en distintos pleitos, en uno de los casos para reclamar a un banco la supresión de una cláusula suelo, en otro para pedirle consejo respecto de una vivienda tras una separación matrimonial y en el tercer caso para consultarle sobre la posibilidad de una ejecución hipotecaria dado que el cliente no podía hacer frente al pago de las cuotas del préstamo.
LES DIJO QUE ERA UN MERO FORMALISMO
En los tres casos, el fiscal sostiene que el abogado no sólo no realizó las tareas comprometidas sino que presentó a los denunciantes--una pareja y su hija, otro matrimonio y un quinto cliente--diversos documentos e insistió en que los firmaran, asegurándoles que era un mero formalismo, sin que la clientela se percatara de que de este modo figuraban como receptores de un crédito de 5.000 euros del acusado que nunca recibieron, junto con una serie de obligaciones en concepto de honorarios.
Entre esas obligaciones recogidas en los documentos, los clientes se veían obligados a entregar diferentes cantidades en concepto de honorarios, que devengarían de forma mensual, al tiempo que se pactaba un interés del 16 por ciento anual por las cantidades debidas al letrado en caso de impago, y junto a ello los afectados se comprometían también, si saberlo, a entregarle las cuantías que las entidades bancarias pudieran devolverles en el supuesto de que las cláusulas suelo fueran declaradas ilegales.
Los clientes, una vez en casa, se percataron del trasfondo de lo que habían firmado, una vez leídos con más atención los documentos, e intentaron la resolución de esos contratos, si bien, siempre según la acusación pública, el abogado encausado no sólo se negó a ello sino que les amenazó con ir contra ellos.
