VALLADOLID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta aprobará en su reunión de mañana el proyecto de Ley por la que se regula la Renta Garantizada de Ciudadanía de Castilla y León.
El establecimiento de una Renta Garantizada de Ciudadanía supone el reconocimiento de un nuevo derecho subjetivo que beneficiará a las personas que se encuentran en situación de exclusión social, según informaron a Europa Press fuentes del Gobierno regional.
El proyecto de Ley establece que la cuantía básica mensual de la prestación de la renta será el 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples IPREM.
Tienen derecho a esta renta quienes se encuentren en situación de exclusión social y está contemplado en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
El contenido del proyecto es fruto del consenso y fue acordado el pasado 28 de diciembre de 2009 en el Consejo del Diálogo Social, que reúne a la Junta de Castilla y León y a los agentes sociales y entre otros aspectos, el proyecto de Ley establece el carácter y finalidad de la Renta, sus beneficiarios, requisitos para su percepción, cuantía de la misma, normas de procedimiento para su percepción, acciones para superar la situación de exclusión social, órganos competentes para la gestión y mecanismos de seguimiento y control.
El proyecto de Ley define a la Renta Garantizada de Ciudadanía como una prestación social, de naturaleza económica y percepción periódica y la considera como "la última red de protección", de forma que se reconocerá una vez solicitadas todas las prestaciones a las que puedan tener derechos los destinatarios, se haya resuelto su no concesión o se haya agotado su percepción.
FINALIDAD.
La finalidad de la Renta es proporcionar los medios y apoyos necesarios para cubrir las necesidades básicas de subsistencia y promover la integración de las personas que se encuentran en situación de exclusión social.
Por ello, el proyecto clasifica las situaciones de exclusión social en estructurales y coyunturales. Situaciones de exclusión social estructurales son aquellas que tienen su origen en factores sociales de marginación o discriminación que provocan situaciones de necesidad y que en supuestos extremos, por su intensidad y persistencia, generan situaciones clasificables como de exclusión crónica.
Las situaciones de exclusión social coyunturales son aquellas que suponen una dificultad de naturaleza exclusivamente económica, consecuencia de la ausencia o pérdida temporal de la fuente de ingresos.
Podrán solicitar la percepción de este derecho los ciudadanos de Castilla y León de entre 25 y 64 años de edad, los extranjeros refugiados o con solicitud de asilo en trámite y a las mujeres víctimas de violencia de género que por este motivo se hayan trasladado a la Comunidad desde otra región de España.
La cuantía básica mensual de la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía será el 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada ejercicio económico. A esta cuantía básica hay que añadir un complemento por cada miembro de la unidad familiar o de convivencia dependiente del titular de la prestación. Este complemento es del 25 por ciento de la cuantía básica por el primer miembro, 15 por ciento por el segundo y 10 por ciento por el tercero y siguientes.
La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León será la encargada de la gestión de la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, mediante equipos multidisciplinares para la determinación de las diferentes situaciones y con la colaboración de las corporaciones locales competentes, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) y otros órganos de la Administración de Castilla y León.
Asimismo, se creará una Comisión de Seguimiento de la Prestación de la Renta que llevará a cabo el seguimiento general, la evaluación de sus resultados y la propuesta de actuaciones de mejora general de la prestación.
