VALLADOLID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó hoy por Decreto la norma que adapta las retribuciones de los empleados públicos de la Comunidad por "imposición" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, informó hoy de este acuerdo que se aprobó por razones de "urgencia" y para cumplir de este modo la "imposición" del Gobierno central en cumplimiento del Real Decreto Ley. "Rodríguez Zapatero lleva dos años de despedida frenética de soltero y ahora tienen que pagar el derroche los funcionarios, pensionistas y dependientes", señaló.
Con esta adaptación el Ejecutivo autonómico cumple con la obligación de reducir el 5 por ciento los gastos de personal en 2010, un mandato que viene impuesto por la citada legislación estatal. Así, el Decreto de la Junta que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León y afectará a las nóminas desde el 1 de junio.
La normativa autonómica distingue dos tipos de empleados públicos. Para el personal funcionario y estatutario se contempla una rebaja de los sueldos, trienios, complemento de destino y pagas extraordinarias idéntica a la que establece el Gobierno en su Real Decreto Ley. El resto de los complementos, que son los que regula la Junta de Castilla y León, experimentan una reducción del cuatro por ciento.
Al personal laboral, en segundo lugar, se le aplica una bajada lineal del 5 por ciento en cada uno de los conceptos que integran sus nóminas, si bien la distribución por categorías deberá fijarse a través de la negociación colectiva. La misma disminución se aplica a las plantillas de las empresas públicas.
ALTOS CARGOS
Como se avanzó tras el Consejo de Gobierno Extraordinario del pasado 24 de mayo, las retribuciones de los altos cargos experimentan una rebaja superior a la media. Así, el presidente de la Junta reducirá su remuneración el 15 por ciento, al igual que sus homólogos en las demás instituciones autonómicas (Cortes de Castilla y León, Consejo Económico y Social, Procurador del Común, Consejo Consultivo y Consejo de Cuentas).
En el caso de los consejeros el recorte será del 10 por ciento, y el mismo porcentaje a los vicepresidentes y secretarios de la Mesa de las Cortes, los portavoces y cargos directivos de los grupos parlamentarios y los integrantes de los consejos de Cuentas y Consultivo. Al resto de los altos cargos se les aplicarán las bajadas previstas para el conjunto de los funcionarios, de acuerdo con el rango que ostenten.
Los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes y otros cargos directivos de las empresas públicas también sufrirán mermas en sus nóminas, que serán del 10 por ciento cuando perciban lo mismo o más que un consejero de la Junta y del 5 por ciento si no alcanzan esa cantidad.
