VALLADOLID, 24 May. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Castilla y León anunció hoy que estudiará un recorte del 10 por ciento en las subvenciones y una revisión de los capítulos de ingresos y gastos del Presupuesto General de la Comunidad para el presente año y 2011 como aportación a la reducción del déficit.
Así lo anunció hoy el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, quien compareció junto a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario para analizar el Decreto Antidéficit publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Del Olmo y De Santiago-Juárez explicaron que se estudiará la posibilidad de llevar a cabo un recorte del 10 por ciento en las subvenciones que quedan por entregar en el año 2010 y también para 2011. Del mismo modo, se revisará la situación de los ingresos y los gastos en el presupuesto de la Comunidad de este ejercicio y el próximo, si bien la consejera matizó que los detalles de este análisis no se conocerán hasta que se conozca el "objetivo de estabilidad" y se publique el acuerdo de no disponibilidad.
Por otra parte, el portavoz del Ejecutivo añadió que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, solicitó en la reunión del Consejo de Gobierno que otro "análisis" de las inversiones pero con el "compromiso de mantener todas las inversiones en marcha". La consejera de Hacienda recalcó que, al contrario que en el Gobierno de España, en Castilla y León no se resolverán licitaciones.
Ambos consejeros puntualizaron, sobre el análisis del presupuesto de ingresos y gastos, que se realizará con vistas al escenario que plantee el Gobierno de España para los años 2010 y 2011. Así, por el momento los recortes concretos son los planteados por el Real Decreto del pasado jueves en las nóminas de los funcionarios públicos y de los altos cargos.
La consejera de Hacienda cifró esta reducción en Castilla y León en unos 110 millones de euros para los siete meses que restan de 2010, con los recortes "impuestos" por el Ejecutivo central para los funcionarios públicos, a quienes como reflexionó De Santiago-Juárez, se señala como "culpables" de la crisis económica y se "echa a los pies de los caballos".
En cuanto a los altos cargos, Del Olmo recordó que las retribuciones de una parte de éstos se encuentran homologadas con los mandatarios estatales. Así, el presidente de la Junta y los de las instituciones de la Comunidad sufrirán la misma caída que los ministros del gabinete de Zapatero --15 por ciento--, mientras que los consejeros verán sus nóminas reducidas un 10 por ciento, al igual que los secretarios de Estado.
Así, Del Olmo explicó que se analizará también el capítulo VI de subvenciones, con una objetivo de revisión que puede llegar a un recorte del 10 por ciento, en las que aún quedan por conceder en 2010. De Santiago-Juárez incidió en que no se podrá actuar sobre las que ya están en marcha ni sobre las que tienen vinculada prestación de servicios.
"MEDIDAS IMPUESTAS"
De Santiago-Juárez, antes de reconocer que las medidas ahora sí que son necesarias, reiteró que llegan "impuestas" por el Ejecutivo central, que no se consultó en momento alguno a las comunidades autónomas e insistió en que son consecuencia de "la mala cabeza" del presidente del Gobierno. De hecho consideró que, si se hubieran implantado "hace año y medio" cuando ya las solicitaba la Junta de Castilla y León no habrían tenido que ser tan dramáticas.
Por su parte, la consejera de Hacienda recordó que mientras unos, en referencia al Gobierno, toman las medidas el 12 de mayo de 2010, otros como es el caso de la Junta, ya implantó algunas acciones ante la crisis en mayo de 2008.
El portavoz aseguró que la Comunidad Autónoma "va a poner de su parte" para ayudar a este objetivo de reducción del déficit público, pero recordó que, en primer lugar, según datos que aportó la responsabilidad sobre este endeudamiento es "en un 83 por ciento" del Ejecutivo central y sólo en un "dos por ciento" de las 17 comunidades.
Por ello, lamentó la actitud "frívola" de Rodríguez Zapatero ante el que consideró "el mayor recorte social de la Historia de España" que "afectará especialmente a los más débiles tanto directa como indirectamente". Justificó esta afirmación en que los más perjudicados serán los pensionistas, personas dependientes y las madres.
Asimismo, consideró que la Junta "va a estar la primera" en el trabajo por el recorte, pero "sin ocultar la responsabilidad de Rodríguez Zapatero" pese a que, ironizó, "algunos querrían que pidiéramos para él el Nobel de Economía". Sin embargo, recalcó que el recorte de Castilla y León no llegará a cotas de otras comunidades como Castilla-la Mancha porque no todas ellas han actuado de la misma manera, tras lo que hizo referencia a que la región tiene 21 fundaciones frente a las 229 de Andalucía y una delegación en la Unión Europea dentro de las 196 con las que cuentan por todo el Mundo otras autonomías.
Pilar del Olmo explicó además que el tiempo con el que cuenta el Ejecutivo regional para desarrollar el plan es escaso, pues las nóminas de junio tienen que estar preparadas "el día 5 ó 6" del próximo mes. Así, indicó que los detalles de las medidas regionales se presentarán a finales de junio o principios de julio.
ENTIDADES LOCALES
La consejera hizo referencia también al recorte no concretado de 1.200 millones para las entidades locales y las comunidades autónomas, que recaerá en una cantidad de 200 millones en las primeras. "Son medidas muy duras y llueve sobre mojado, porque ya en los presupuestos de 2010 se redujo en torno a un 18 por ciento las entregas a cuenta por parte del Gobierno", recordó.
Además, puntualizó que de este anunció conocido hoy con la publicación del Real Decreto "algo tocará" a la Comunidad de Castilla y León. Con todo ello, lamentó, se podrá conseguir reducir el déficit en España pero "no se va a crear empleo porque en el texto no hay una sola medida". A ello se añadirá que en el mes de julio coincidirá el recorte en los salarios de empleados públicos con la subida "del dos por ciento" en el IVA, con lo que el consumo se retraerá y, a su juicio, tampoco se aumentará la recaudación.