VALLADOLID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Castilla y León y la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) colaborarán para impulsar acciones específicas en ayuntamientos que permitan erradicar en 2020 de manera definitiva en la Comunidad el chabolismo, que es "residual" y que actualmente se estima en 60 núcleos de seis provincias.
Para ello, los consejeros de Fomento y Medio Ambiente y Familia e Igualdad de Oportunidades, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Alicia García, respectivamente, han firmado un protocolo marco de actuación con el presidente de la FRMP y alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, para su posterior traslado a acuerdos más específicos con los ayuntamientos para lograr poner fin a esta situación, con la voluntad de que sea en 2020, aunque esto dependerá también de la complejidad de las intervenciones.
El convenio lo han firmado en presencia del presidente de la Fundación Secretariado Gitano, Pedro Puente, dado que es un problema que fundamentalmente afecta a población gitana, aunque se actuará "la habite quien la habite", no sólo con este colectivo. Además de Puente, a la firma han asistido representantes de los ayuntamientos de León y Venta de Baños (Palencia), que ya trabajan en esta materia con la Junta.
Los asentamientos se han reducido mucho, ya que según un estudio elaborado en el marco de un grupo de trabajo con la comunidad gitana en 2017, la situación en 2015 reflejaba que su número había disminuido al pasar de 160 chabolas en 2007 a 45 en ese año. Entre la población gitana el chabolismo supone una excepción, ya que en Castilla y León viven más de 25.000 personas gitanas y el 99,15 por ciento de ellas habitan en unas 5.300 viviendas, por lo que sólo queda un 0,85 por ciento de población en esta situación (frente a más de un 2 por ciento nacional).
Sin embargo, la estimación de la Junta es que actualmente hay unos 60 núcleos de chabolas ubicados en Burgos (15), León (15), Palencia (siete, cinco en Venta de Baños, donde ya se actúa), Salamanca (10), Valladolid (seis) y Zamora (siete), aunque es una cifra que con el protocolo firmado pretende concretarse para llevar a cabo las actuaciones oportunas con el fin de dar una respuesta integral.