Junta y Gobierno "reprogramarán" fondos europeos para extender la banda ancha al medio rural

Meritxell Batet, en Valladolid.
EUROPA PRESS
Actualizado 18/02/2019 21:37:10 CET

La Comisión de Coordinación Junta-Estado ha aceptado además aumentar la representación autonómica, al 50%, en la CHD

VALLADOLID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central y la Junta de Castilla y León se han propuesto "reprogramar" fondos europeos no ejecutados en la Comunidad para destinarlos a la extensión de la banda ancha en el medio rural, objetivo para el que ambos ejecutivos deberán mirar hacia la Unión Europea después de que la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, advirtiera de la imposibilidad de ampliar, con dotación propia de ambas administraciones, las ayudas que para tal fin ya aparecen recogidas en un convenio específico.

Y es que la proximidad de las Elecciones Generales, el 28 de abril, y la devolución del Proyecto de Presupuestos Generales de 2019 han planeado durante toda esta tarde como principales escollos para las peticiones que el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera ha planteado ante la Comisión de Coordinación Junta-Estado.

Por ello, a falta de presupuestos, el encuentro se ha saldado con la asunción de distintos compromisos entre ambas partes, uno de ellos el de "reprogramar" aquellos fondos europeos no ejecutados en Castilla y León para lograr incrementar las partidas para la extensión de la banda ancha en el medio rural, algo para lo cual ya hay consignados por parte de la Administración central 16 millones para el periodo 2013-2017 y otros 19,44 millones para 2018.

Aunque en noviembre de 2018 el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, planteó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la posibilidad de ampliar los fondos consignados vía convenio, dentro del proyecto de escuelas conectadas en red, a razón de 25 y 50 millones, respectivamente, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha sido clara al trasladar la imposibilidad de una suplementación presupuestaria entre ambas partes debido a la devolución de los presupuestos de 2019.

En cualquier caso, Junta y Gobierno, además de esa "reprogramación" de fondos europeos, han llegado al compromiso de "fijar como prioridad política para sucesivos gobiernos la necesidad de ampliar la banda ancha en el medio rural", ha explicado el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, al considerar tal objetivo como "prioritario" para el desarrollo económico del mundo rural.

Otro de los logros obtenidos por la Administración regional se centra en la Confederación Hidrográfica del Duero, donde, según Batet posiblemente antes de concluir la legislatura, Castilla y León pasará de cinco a ocho representantes en la Comisión de Planificación Hidrológica del organismo de cuenca, y ello una vez que se modifique un Real Decreto de 2011 que rige la representación en dicho órgano.

Ello se traduce, en palabras de De Santiago-Juárez, en que ambas partes estarán representadas "de igual a igual", algo que el consejero considera de vital importancia cuando se habla de regadíos y una reivindicación justa, a su juicio, cuando la Comunidad contaba con idéntico número de representantes que otras CC.AA, pese a que la mayor parte de la cuenca del Duero afecta a su territorio.

CONSENSUAR ZONAS E INVERSIONES

En materia de convergencia interior, Batet ha recordado que es competencia de Castilla y León la elaboración del plan correspondiente pero, al respecto, la ministra ha trasladado al Ejecutivo regional la necesidad de "establecer una coordinación entre ambas partes", objetivo en el que está prevista la constitución de un grupo de trabajo entre las dos administraciones para "identificar zonas objeto de actuación y priorizar inversiones", ha apostillado De Santiago-Juárez.

Entre los compromisos también asumidos por Batet figura la aprobación, antes de que concluya la presente legislatura, de la Estrategia para el Reto Demográfico mediante "el acuerdo con las distintas comunidades autónomas y los entes locales, algo para lo que ya se han celebrado tres encuentros y en el que se tendrán en cuenta las demandas de Castilla y León, al igual que otras como Asturias y Aragón para las que es una prioridad".

HABILITADOS NACIONALES

También ha prometido la ministra de Política Territorial dar solución al grave problema generado en 2018 por el anterior gobierno al modificar una normativa en 2018 que obligaba a las entidades locales de toda España a contar con habilitados nacionales que efectuaron las tareas del secretario e interventor municipales, algo que, como así ha advertido, afectada de un modo especialmente grave a Castilla y León, al contar con un 60 por ciento del total de dichas entidades.

El propio De Santiago-Juárez ha recordado la urgencia de solventar este problema por cuanto, como así ha precisado, las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina y de no haberse solucionado "no habrá secretarios que den fe de la toma de posesión en junio de los nuevos alcaldes".

La celebración de la comisión, que no se reunía desde el 24 de noviembre de 2010, ha destacado varias veces la ministra, ha permitido también a la representación castellanoleonesa plantear un esfuerzo de la Administración central en materia de autovías y otros proyectos "necesarios y emblemáticos", entre los que el consejero ha citado el proyecto de la Ciudad de la Justicia, cuya consignación para este año "era ridícula".

"BAJA CONFLICTIVIDAD"

En lo que sí han coincidido ambas partes es en el clima de "lealtad, cooperación leal y baja conflictividad", en palabras de Batet, que vienen presidiendo las relaciones institucionales entre las dos administraciones. Como ejemplo han puesto el funcionamiento "positivo" desde hace ocho o nueve años de la Comisión de Prevención de Conflictos, órgano que ha evitado la formalización de recurso de inconstitucionalidad alguno entre el Gobierno y el Ejecutivo autonómico.

Sí se han abierto varios procedimientos, a fin de evitar tener que llegar al Constitucional, en cuanto a la Ley de Transporte Público de Castilla y León, cuyas tarifas pueden dar lugar a algún problema competencial, y la denominada Ley Garoña en virtud de la cual la Junta impuso un impuesto a la empresa titular de la central por la acumulación de residuos nucleares. La primera normativa está siendo objeto de estudio por las dos partes, mientras que el impuesto a Garoña aún no ha dado lugar a la creación del grupo de estudio correspondiente.