VALLADOLID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Economía y Hacienda ha publicado hoy en el portal de Gobierno Abierto de la Junta la consulta pública que inicia el procedimiento legislativo para aprobar la ley de rebaja impositiva urgente ante el agravamiento de la situación económica y que llevará a que Castilla y León sea la segunda comunidad con el tipo mínimo más reducido de IRPF.
La futura Ley tiene como objetivo aprobar una serie de rebajas impositivas en respuesta a la crisis, al impacto que la inflación está teniendo en el incremento de los precios de bienes y servicios, a los altos precios de la energía como consecuencia del cierre precipitado de minas y centrales térmicas y ante la imposibilidad de llevar a cabo una transición energética ordenada.
Asimismo, la Ley pretende dar respuesta a la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos; a los problemas de desabastecimiento de componentes, materias primas y suministros que sufren empresas y autónomos; y a una deuda pública elevada que condiciona el futuro de las cuentas públicas.
Así, permitirá poner en marcha una serie de iniciativas para contribuir a establecer un marco que impulse la recuperación económica de la Comunidad: bajada selectiva de impuestos como fórmula para dinamizar la actividad económica; incentivar la inversión, el ahorro y el consumo; consolidar la recuperación económica; mantener y facilitar la creación del empleo; y mejorar la situación de muchas personas, familias y empresas afectadas por la pérdida de poder adquisitivo y la alta inflación.
Bajada del IRPF
Con la aprobación de esta Ley se pretende poner en marcha, con efectos desde este mismo ejercicio 2022, una reducción de medio punto en el primer tramo de la escala autonómica aplicable a la base liquidable general del IRPF -pasando del 9,5 al 9 por ciento- lo que supone una rebaja del 5,3 por ciento.
De esta forma Castilla y León se situará como la segunda Comunidad Autónoma con el tipo mínimo más reducido de IRPF. Esta rebaja fiscal, que beneficiará a todos los contribuyentes de la Comunidad al afectar al tramo más bajo de renta, supondrá un aumento de la renta disponible de familias y autónomos que podrán destinar al consumo y la inversión, y supondrá un alivio a las familias ante la fuerte subida de los precios, especialmente a las rentas bajas y medias.
Asimismo, se tramitará de manera urgente e inmediata medidas de apoyo al medio rural, como la aprobación de un incremento del 40 por ciento respecto de las cuantías generales previstas en la deducción autonómica en el IRPF por nacimiento o adopción en función del número de hijos, aplicable por contribuyentes residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Igualmente, con el objetivo de atraer negocios y empresas al medio rural, se mejorará el tipo reducido aplicable en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados a la adquisición de inmuebles que se destinen a ser sede social o centro de trabajo en el medio rural, fijándolo en un 2 por ciento, frente al general del 8 por ciento.
Para facilitar y reforzar la continuidad de la actividad agraria, reduciendo de forma significativa la tributación por el cambio de titularidad de explotaciones agrarias, se pretende aprobar en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados un tipo reducido del 4 % aplicable a la transmisión de explotaciones agrarias para agricultores profesionales frente al general del 8 por ciento.
Además, se pretende aprobar una bonificación del 100 por ciento de la cuota para los arrendamientos de fincas rústicas, de forma que se equipare su tributación a la de los arrendamientos de inmuebles urbanos.
Medida de apoyo al sector cinegético: se pretende aprobar una bonificación del 95 % a la tasa general por licencias de caza y pesca, y también a la específica de caza con galgo.
Asimismo, se prevé poner en marcha otras medidas como: el apoyo a los trabajadores para favorecer su formación continua, y eliminar trabas económicas y administrativas; suprimir temporalmente la tasa por participación en el procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación; y prorrogar un año más la congelación del importe de las tasas exigibles en la Comunidad, iniciada en el año 2014, asumiendo la Comunidad el coste de la inflación.
Mediante esta consulta pública previa se pretende que las distintas medias que se propone realizar puedan ser debatidas, completadas y mejoradas con la opinión y las aportaciones de los castellanos y leoneses. El plazo para realizar aportaciones a esta consulta previa finaliza a los 10 días naturales de su publicación. Las opiniones se podrán incluir a través del Espacio de participación de la Junta de Castilla y León
