VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha anunciado que la Junta de Castilla y León intensificará las inspecciones sobre el funcionamiento de la cadena alimentaria, incluidas actuaciones de oficio cuando existan indicios de incumplimiento o de destrucción de valor.
Durante la presentación del proyecto de presupuestos de su departamento para 2027 ante las Cortes autonómicas, ha remarcado que el objetivo prioritario consiste en hacer cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria y reforzar el papel negociador de los agricultores y ganaderos.
En el marco de las competencias asignadas a la Dirección General de la Industria y la Cadena Agroalimentarias, que dispondrá de 108,24 millones de euros el próximo ejercicio, el titular del departamento, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha señalado que su propósito es conseguir que una cuota cada vez mayor del valor generado por los alimentos permanezca en Castilla y León.
En este sentido, ha subrayado la necesidad de respaldar al sector primario frente a los desequilibrios comerciales para asegurar que los precios percibidos por los profesionales del campo cubran efectivamente sus costes reales de producción.
Para dotar de mayor transparencia a las relaciones contractuales, Pino ha destacado el impulso dado a los análisis de costes operativos mediante trabajos ya desarrollados en patata y uva amparada por distintas denominaciones de origen. Asimismo, ha avanzado que este mismo mes se presentarán nuevos informes técnicos centrados en los sectores de la leche, la remolacha y el maíz con el fin de aportar referencias objetivas y constatables a todos los eslabones productivos.
El consejero ha detallado igualmente que la Administración autonómica ha cerrado un acuerdo con las Organizaciones Profesionales Agrarias para diseñar, antes de que finalice el año, un calendario anual de publicación periódica de costes para aquellos productos en los que resulte necesario.
Esta planificación estructurada permitirá, según ha afirmado, disponer de herramientas cuantitativas sólidas para comprobar que los contratos mercantiles respetan los gastos en los que incurren las explotaciones.
