La Junta remite al Gobierno 12 alegaciones a la Ley de condonación de deuda que "perjudica" a CyL

VALLADOLID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha registrado, dentro del plazo establecido por el Ministerio de Hacienda en trámite de audiencia, doce alegaciones al anteproyecto de Ley del Gobierno que condena la deuda a las comunidades autónomas, una medida que "perjudica especialmente" a los ciudadanos de Castilla y León "que verían aumentada su deuda en 523 euros por habitante".

El documento, que recoge las doce alegaciones, reitera la oposición de la Junta a la propuesta de condonación de deuda autonómica, un rechazo que ya fue trasladado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera y reiterado en distintos encuentros técnicos, así como en el trámite de consulta pública previa.

Los puntos "fundamentales" que se abordan en las alegaciones denuncian que la norma tiene una motivación "claramente política" y "responde al cumplimiento del acuerdo de investidura del Gobierno de España entre dos partidos políticos".

Asimismo, la Junta considera que el anteproyecto de Ley no ofrece una solución integral al problema de la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas para sufragar los servicios de su competencia y cree que se trata de un "parche aislado" que "no incluye ninguna disposición para corregir la insuficiencia financiera estructural de las administraciones autonómicas".

"La prioridad debe ser la reforma del modelo de financiación caducado desde hace once años, atendiendo a los principios de solidaridad y suficiencia de recursos en un marco de igualdad y multilateralidad", ha defendido el Ejecutivo autonómico.

Asimismo, en las alegaciones se denuncia que "se menoscaba" el principio de responsabilidad fiscal de la gestión pública que recoge el artículo 9 de la Constitución Española y el artículo 8 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por el que cada administración debería responder de sus decisiones y asumir las consecuencias de estas.

También señala el documento que el anteproyecto no implementa mecanismos de condicionalidad adecuados para garantizar que el endeudamiento se adecúe a lo que permiten las reglas fiscales, e incentivar una disciplina fiscal efectiva.

Por otra parte, censura que el Gobierno ha actuado "sin transparencia, socavando los principios de cooperación y colaboración en las relaciones financieras del Estado y las Comunidades, al no haberse desarrollado un proceso de consulta y negociación multilateral con las distintas autonomías".

En este contexto, la Junta ha señalado que es una medida "injusta que genera agravios comparativos entre territorios y un trato discriminatorio y no igualitario", al tiempo que ha discrepado de los criterios de reparto acordados y aplicados ya que se consideran "totalmente discrecionales, redistribuyendo de forma injustificada una parte de la deuda que asumirá el Estado en base a criterios totalmente ajenos al que se establece en el actual sistema de financiación".

"No está justificado el incremento del volumen de deuda a traspasar al Estado por el simple hecho de que no alcanzar el porcentaje medio del conjunto de comunidades, cuando todas las comunidades están infrafinanciadas".

523 EUROS MÁS POR CIUDADANO

Otro de los puntos de las alegaciones, incide en que los ciudadanos de Castilla y León estarían entre el grupo de los "más perjudicados" ya que "el efecto final es que verían aumentada su deuda per cápita en 523 euros".

Asimismo, se lamenta que esta medida "no supone un flujo de ingresos adicionales hacia el conjunto de las arcas autonómicas, ni tampoco se generaría mayor capacidad de gasto para destinarlo a sanidad, educación o servicios sociales".

También inciden en que el anteproyecto recoge varias propuestas de cambio en el régimen de endeudamiento de las comunidades autónomas, con la derogación de la obligación de destinar el endeudamiento a largo plazo a inversión pública como "la más relevante".

"Se intenta esquivar el problema real de la insuficiencia de los recursos que proporciona el sistema de financiación autonómico (SFA). Tampoco se comparte que hasta el año siguiente al de la publicación del proceso de asunción de deuda las administraciones autonómicas deban obtener autorización del Estado para formalizar cualquier operación de deuda a largo plazo", ha indicado la Junta.

Igualmente, considera que la valoración del anteproyecto de ley orgánica es "negativa" en cuanto que se considera que, a través de la reducción de la cartera de deuda, no se alcanzará el objetivo de reforzar la sostenibilidad financiera de las comunidades.

"Castilla y León ya disfruta de un adecuado grado de accesibilidad a los mercados con cargo a los cuales se viene financiando de manera ordinaria al tener asignado un grado de solvencia financiera idéntico al Reino de España", ha agregado, para defender que la sostenibilidad financiera de las comunidades se debe abordar de forma conjunta con la reforma del SFA, en un debate multilateral que garantice la igualdad en el reparto de recursos.

De este modo, ha lamentado que Castilla y León "sufre la insuficiencia de recursos para afrontar las necesidades de gasto y está afectada por la insuficiente ponderación en el modelo actual de los factores demográficos y territoriales que incrementan de forma significativa el coste real de prestación de los servicios públicos".

El Consejo de Cuentas de Castilla y León cuantifica el déficit acumulado de financiación de la Comunidad en el SFA entre 2009 y 2021 en 6.722 millones de euros, más de 500 millones anuales.