Un operativo de la Guardia Civil y la Policía Municipal detecta 15 enganches de luz y agua en Arroyo (Valladolid)

Un operativo puesto en marcha por la Guardia Civil y la Policía Municipal de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) ha permitido detectar quince enganches de luz y agua

- AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

    ARROYO (VALLADOLID), 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Un operativo puesto en marcha por la Guardia Civil y la Policía Municipal de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) ha permitido detectar 15 enganches de luz y agua, doce de ellos reincidentes, en piso propiedad del Sareb que se encuentran en la calle Narciso Monturiol de la localidad, donde hay varias viviendas ocupadas desde hace años.

   Una inspección que se inició a primera hora de la mañana tras la denuncia de la existencia de varios enganches ilícitos en estas viviendas y por su parte, el personal técnico de las empresas gestoras del suministro de agua y luz procedieron a la desconexión de todas las acometidas fraudulentas, acompañados en todo momento por las fuerzas de seguridad para evitar problemas de orden público.

   La Guardia Civil y Policía Local de Arroyo Civil ha trabajado de manera coordinada para dar seguridad a los trabajadores de ambas empresas durante las inspecciones, así como para tratar de identificar a los moradores de las viviendas afectadas por la presunta comisión de un delito de defraudación.

   Asimsimo, los técnicos han descubierto trece enganches ilegales de agua, doce de ellos con carácter reincidente y que ya fueron regularizados hace dos semanas en la anterior intervención, motivo por el cual la empresa de aguas ha colocado tapones antifraude para evitar que se repita, mientras que en el caso de la electricidad se han detectado dos enganches, según un informe del Ayuntamiento de Arroyo recogido por Europa Press.

   A su vez, los agentes han identificado a los 15 moradores de las viviendas enganchadas, investigándoles por la presunta comisión de un delito de defraudación de fluido y algunos de ellos son inquilinos con contrato de 'alquiler social' con la Sareb y en los que la comisión de un delito conllevaría la cancelación del mismo y el correspondiente desahucio, según la propia sociedad estatal.