Pacta un año de cárcel por emplear a siete personas en la poda de viñedos en La Seca sin darlos de alta en la SS

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El empresario de origen marroquí Ayoub Khalil ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Valladolid para asumir una condena de un año de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores cometido en septiembre de 2024, fecha en la que tenía a su cargo siete trabajadores, todos ellos compatriotas suyos, a los que empleaba en tareas de poda de viñedos en el municipio de La Seca sin haberlos dado de alta en la Seguridad Social.

El juicio está fijado para el próximo lunes, día 5 de octubre, en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, aunque todo apunta a que las partes ratificarán finalmente ese día el principio de acuerdo pactado y que incluye, además del citado año de cárcel, una multa de 1.440 euros, en lugar de los dos años y 4.500 euros de sanción que inicialmente solicitaba para el empresario la acusación pública, según informaron a Europa Press fuentes del caso.

Los hechos se remontan a las 11.30 horas del 17 de septiembre de 2024, cuando una inspección conjunta de la UCRIF y la Inspección de Trabajo detectó irregularidades en una explotación agrícola situada en el camino del Puerto paraje de los Levantes, en la localidad vallisoletana de La Seca. En el lugar, el acusado tenía contratados a siete trabajadores para realizar labores de poda y adecuación de viñedos sin haberlos dado de alta previamente en la Seguridad Social.

En el momento de la inspección, cuatro de los jornaleros identificados se encontraban en situación de estancia irregular en España y carecían de autorización de trabajo. Asimismo, otros dos trabajadores carecían del correspondiente permiso laboral, mientras que tan solo una séptima persona contaba con la documentación regularizada para trabajar, si bien tampoco figuraba dada de alta en el sistema de la Seguridad Social.

La empresa del acusado actuaba subcontratada para la realización de estas labores agrícolas en las fincas de la citada ubicación. En la fecha de la intervención por parte de los inspectores y de los agentes de las fuerzas de seguridad, la mercantil no mantenía dado de alta a ningún otro empleado dentro de su plantilla.