VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León ha anunciado un paquete de medidas para agilizar la gestión pública y reducir las cargas burocráticas a agricultores y ganaderos dentro de su proyecto de presupuestos.
En su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda, donde el consejero Joaquín Antonio Pino, se ha quejado de la "excesiva burocracia" y, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha remarcado su voluntad de eliminar exigencias administrativas innecesarias que dificultan la actividad diaria en el campo.
Entre las principales actuaciones, Pino ha avanzado la publicación inminente de una nueva convocatoria de incorporación de jóvenes y planes de mejora que suprimirá trámites superfluos y adaptará los criterios a la realidad productiva de cada explotación. Asimismo, la Administración autonómica ha proyectado nuevas bases reguladoras simplificadas a comienzos de 2027 para las ayudas a la inversión en transformación y comercialización agroalimentaria.
En el ámbito ganadero, la Consejería ha preparado una nueva normativa sobre identificación, registro y trazabilidad animal orientada a simplificar los libros de explotación y evitar duplicidades de documentación mediante el uso de los datos que ya obran en poder de la Administración. Igualmente, ha reiterado su rechazo a la obligatoriedad del Cuaderno Digital de Explotación y ha defendido que su uso mantenga un carácter voluntario para no añadir trabas de gestión.
Por su parte, el área de Política Ambiental ha asumido el compromiso de simplificar los procedimientos para que las autorizaciones ambientales de proyectos e inversiones se resuelvan en un plazo máximo de seis meses antes de que concluya la actual legislatura. Este criterio de agilidad también se ha aplicado en medidas de apoyo urgente y en el programa LEADER, mediante la adopción de costes simplificados que liberan carga administrativa a los equipos técnicos.
Además, la Junta ha flexibilizado requisitos autonómicos en los ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC) y ha trasladado al Ministerio de Agricultura la necesidad de permitir que los profesionales organicen sus labores con criterios agronómicos y empresariales en lugar de estar condicionados por exigencias administrativas.
