VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, ha defendido este viernes en las Cortes autonómicas una Política Agrícola Común (PAC) posterior a 2027 que sea "realmente agraria, común, suficientemente financiada y con un presupuesto propio", al tiempo que ha rechazado frontalmente cualquier intento de "renacionalización" que genere desigualdades entre los productores comunitarios.
Durante la presentación del proyecto de presupuestos de su departamento para 2027, Pino, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha advertido de que los recursos destinados al sector no deben diluirse en grandes fondos donde la actividad agraria se vea obligada a competir con otras políticas públicas.
En este sentido, ha expresado su oposición a la aplicación de figuras como la degresividad, el pago redistributivo y el 'capping' obligatorio. Según ha sostenido el titular del área, resulta inasumible penalizar de manera automática a una explotación por su dimensión cuando ese tamaño constituye, precisamente, el factor clave que le permite ser competitiva, acometer inversiones, generar puestos de trabajo y dinamizar la actividad económica en el medio rural.
Asimismo, Joaquín Antonio Pino ha instado a que el futuro marco comunitario sitúe en el centro la rentabilidad de los profesionales y la soberanía alimentaria europea, otorgando prioridad a los productos obtenidos dentro del territorio de la Unión Europea frente a los procedentes de terceros países.
De este modo, ha reclamado la aplicación estricta del principio de reciprocidad para evitar que las producciones locales compitan con importaciones de países como Marruecos, donde rigen estándares productivos y laborales mucho menos exigentes.
SOSTENIBILIDAD QUE NO PERJUDIQUE AL AGRICULTUR
Respecto a las exigencias medioambientales, el consejero ha indicado que la sostenibilidad debe ser compatible con la productividad y no perjudicar al agricultor profesional, evitando convertir al trabajador del campo en un mero gestor de requisitos burocráticos que merme su capacidad productiva y su autonomía.
Además, ha reivindicado el peso agrario de la Comunidad para defender esta postura ante el Gobierno de España y en las instituciones comunitarias de Bruselas, tras recordar los cambios en los ecorregímenes que la Junta ha pedido conjuntamente con las organizaciones profesionales agrarias.
Por último, Pino ha subrayado que, mientras se sustancia la negociación comunitaria del régimen posterior a 2027, el criterio de actuación de la Administración autonómica se centra en agilizar los pagos de la PAC actual y flexibilizar las normas en el marco de sus competencias.
En esta línea, ha recordado que Castilla y León ya ha abonado el anticipo del 75 por ciento de la campaña 2026 y que prepara la liquidación de los saldos directos hasta alcanzar el 90 por ciento antes del próximo mes de diciembre.
