VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los procuradores de Podemos-Equo han registrado un total de 577 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022 por valor de 341,6 millones de euros con el objetivo de solventar las carencias de PP y Ciudadanos y reforzar lo público, mejorar la vida de los castellanos y leoneses y amparar a los más vulnerables.
A estas enmiendas se unen otras once al articulado del proyecto de Ley de Medidas entre las que destaca "por su urgente necesidad" la reversión a la Sanidad Pública del transporte sanitario cuya concesión concluye en marzo de 2022 y para lo que la formación morada ha iniciado los trabajos para tratar de llegar a un consenso.
"Esta ley está para esto, para los problemas urgentes", ha reivindicado Laura Domínguez que se ha hecho eco de la "clara insuficiencia" del actual servicio para abogar por revertir el transporte sanitario a lo público para garantizar de este modo ambulancias de más calidad y en condiciones óptimas.
"No puede seguir prorrogado ni siquiera el contrato de concesión, tiene que haber una reversión pero de ninguna forma un servicio privado", ha sentenciado la proponente que ha reclamado también un cambio al alza en el límite para el acceso a las bonificaciones fiscales, ante el umbral "tremendamente irracional" de 18.000 euros fijado por la Junta a la que ha recordado que la renta media en Castilla y León es de 25.000 euros para añadir que hasta los 22.000 euros no hay obligación de hacer la declaración de la Renta. "No se puede acceder a las deducciones que tanto pregonan", ha ironizado.
En el caso de las enmiendas parciales al presupuesto, defendidas por el portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández, se centran en aumentar las plantillas de sanidad en Atención Primaria (11 millones de euros) y en Atención Especializada (16 millones), en implantar el servicio de psicología en Primaria y en mejorar la flota de ambulancias hasta que se revierta el servicio, como piden.
Por otro lado, ha propuesto reducir a la mitad las partidas que se consignadas a la enseñanza concertada para invertirlos en lo público --las enmiendas de educación están valoradas en 161 millones de euros-- con una petición expresa para aumentar las plazas públicas de 0 a 3 años.
Más ayudas de alquiler para las familias más vulnerables y para impulsar el parque público de viviendas (3,3 millones de euros), reforzar las plantillas de las residencias dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales (1,35 millones) y ampliar los CEAS y los equipos (2,3 millones) son otras de las enmiendas citadas por Pablo Fernández.