El PP no acompaña a Vox en el Pleno de Valladolid en su oposición a las ZBE un día antes de empezar a multar

Los socios, en una enmienda de sustitución, reclaman al Gobierno que derogue la tasa de basuras que se ha empezado a cobrar en 2025

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid y teniente de alcalde, Irene Carvajal, interviene en presencia del alcalde, el 'popular' Jesús Julio Carnero.
La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid y teniente de alcalde, Irene Carvajal, interviene en presencia del alcalde, el 'popular' Jesús Julio Carnero. - EUROPA PRESS
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 30 junio 2025 13:09

   VALLADOLID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha rechazado este lunes, en el Pleno de la corporación, apoyar a sus socios de Gobierno de Vox en su oposición a los decretos del Gobierno que regulan la obligatoriedad de las Zonas de Bajas Emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes. Un acuerdo que se ha debatido sólo unas horas antes de que comiencen a imponerse sanciones a los vehículos que accedan sin tener derecho a ello al área restringida en el centro de la ciudad.

   Este ha sido uno de los asuntos que se ha debatido en la sesión celebrada este lunes, en la que han coincidido varias propuestas relacionadas con asuntos medioambientales, como también lo son la nueva tasa de basuras o la reclamación de Valladolid Toma la Palabra de medidas para hacer frente a las olas de calor "extremo".

   En cuanto a la Zona de Bajas Emisiones, el Grupo Municipal de Vox reclamaba instar al Gobierno central a derogar la "imposición" de las Zonas de Bajas Emisiones, cuya ordenanza reguladora, en el caso concreto de la capital vallisoletana, apoyaron junto a sus socios del PP.

   Los 'populares' en este caso no han estado en sintonía total con la formación dirigida por Santiago Abascal y han votado en contra de las peticiones de derogación de la normativa estatal sobre las ZBE, aunque sí que han apoyado la petición de fondos estatales y apoyo técnico para los municipios que decidan impulsar "políticas de mejora de la eficiencia energética de los edificios y del transporte público y privado, sin recurrir a medidas restrictivas que castiguen a los sectores más vulnerables".

   Eso sí, el concejal de Tráfico y Movilidad, que se ha encargado de dirigir la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en los últimos meses ha lanzado una queja sobre las "implicaciones" que suponen estas normativas para un ayuntamiento, por los costes que implica en "mantenimientos y costes económicos".

   Gutiérrez Alberca ha subrayado que "las normas legales conllevan más gasto municipal y más sanciones para los ciudadanos", por lo que considera que "así es mas difícil hacer pedagogía".

   Como le ha recordado el concejal del PSOE Luis Vélez, es el PP, dentro del equipo de Gobierno, el que va a empezar a sancionar este martes, 1 de julio, unas multas que según los datos que ha señalado el edil habrían llegado ya en el mes de junio a "1.800 vehículos sin etiqueta" que han accedido a la zona restringida sin poder acogerse a exenciones o permisos temporales.

   Vélez también ha considerado que la moción presentada por Vox es "un brindis al sol" y un "gesto vacío", porque les ha recordado que "diseñaro y aprobaron" la ZBE junto a sus socios del PP, aunque posteriormente representantes del partido como Javier Ortega Smith le han afeado el "error garrafal" de apoyar esta medida, motivo por el que interpreta que han traido al pleno esta moción.

   En este sentido, la portavoz de Vox ha interpretado que lo que estableció la Unión Europea es que las ciudades "deben tomar medidas" para "reducir la contaminación cuando se superan límites legales", algo que considera que "ya no ocurre" en Valladolid, y sin embargo ha reprochado que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha "impuesto" las ZBE.

   Carvajal, asimismo, ha justificado que Vox apoyó seguir adelante con la tramitación de este área, pese a que considera que genera "una mayor desigualdad" social, porque "si no tendríamos que haber devuelto subvenciones de varios millones de euros". Además, ha defendido que tiene unas dimensiones más reducidas que la

   La amplitud de aspectos que pueden suponer esa exención han sido una de las críticas manifestadas por VTLP, que ha advertido de que ven la ordenanza de la ZBE en Valladolid como "en posible fraude de ley". De hecho, Ecologistas en Acción la ha recurrido judicialmente hace unos días.

   La realidad es que a partir de este martes los vehículos que no cumplen los requisitos para obtener la etiqueta medioambiental de la DGT --en términos generales, matriculados antes de 2006 con motor diésel y antes de 2001 con gasolina-- tendrán prohibido el acceso a la zona restringida definida por la ordenanza, con una superficie de 1,1 km2.

   Pueden acceder y circular por la ZBE sin necesidad de registro o validación en la plataforma de control las bicicletas, ciclos y vehículos de movilidad personal (VMP), los vehículos con distintivo ambiental '0 EMISIONES' o 'ECO', los que tengan distintivo ambiental B (hasta el 31 de diciembre de 2027) y C (hasta el 31 de diciembre de 2029), los de uso compartido y multiusuario (carsharing), siempre que estén inscritos en el Registro de Vehículos del servicio con el distintivo ambiental correspondiente y los pertenecientes a los servicios públicos esenciales (Policía, Bomberos, ambulancias, limpieza, grúa municipal, etcétera).

   No estarán afectados por esa norma, independientemente de su distintivo ambiental, los vehículos de empadronados dentro del área restringida, los vehículos de sustitución que utilicen esas personas, los acogidos al sistema de Carga y Descarga, los de empresas que prestan servicios de entrega o recogida de suministros en la ZBE, los que se acrediten como usuarios de plazas de garaje en propiedad o alquiler ya sean particulares o abiertos al público (parkings); los de empresas de mudanzas no acogidas al Acuerdo Fiscal de Colaboración, los de personas con movilidad reducida, los de matrícula diplomática o especial, los de familias con ingresos anuales inferiores a 1.3 veces IPREM (un solo vehículo por unidad familiar) y los de familias numerosas de categoría especial.

   Además, se recogen exenciones temporales por motivos específicos (obras, eventos, mudanzas, etcétera) y durante la aprobación se incluyó una enmienda de Vox para incluir a embarazadas y a los padres de niños que cursen sus estudios en colegios situados dentro del área restringida.

   Para acceder a estas excepciones, los usuarios deberán registrarse en la plataforma de gestión de la ZBE (https://zbe.valladolid.es/inicio) y aportar la documentación para justificar cada uno de los supuestos.

TASA DE BASURAS

   Por otro lado, en otro punto del orden del día, el Grupo Socialista llevaba su propuesta de que el Ayuntamiento reduzca el IBI en un importe similar al que supone el coste de la recogida de residuos, según lo estimado en la nueva Tasa de Basuras --13 millones --.

   PP y Vox han impedido con sus votos que salga adelante la moción, que no ha sido apoyada tampoco por la portavoz de VTLP, pero han introducido dos enmiendas de adición que sí que han prosperado y en las que se insta al Gobierno a derogar la obligatoriedad de la tasa de residuos en todos los municipios. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento ha comenzado a enviar los recibos a los ciudadanos, que deben pagar antes del 31 de octubre.

   Previamente, se había rechazado con los votos de PP y Vox buena parte de las propuestas de VTLP para hacer frente a las "cada vez más frecuentes" olas de calor, en un debate en el que el concejal de Vox Alberto Cuadrado ha hecho numerosas críticas a las "políticas woke" de la izquierda.

   No obstante, el PP y Vox han apoyado continuar con programas de reforestación en los márgenes de la ciudad de Valladolid utilizando especies arbóreas autóctonas que proporcionen sombra y mejoren la calidad del aire.

   En otros puntos del Pleno se ha continuado con el debate sobre el proyecto ferroviario y el equipo de Gobierno ha negado que la SVAV esté en riesgo de disolución, algo a lo que el PSOE considera que el alcalde Carnero ha condenado "con su actitud de boicot".

   Sí que se han aprobado dos declaraciones institucionales para solicitar la renovación como Ciudad de la Infancia y para suscribir el acuerdo de Servicios Sociales con la Junta.

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