PP y PSOE respaldan la Ley de instituciones propias para dotarlas de eficiencia y limitar mandatos a cuatro años

Se aprueban cuatro enmiendas, una de ellas obligará al Consejo de Cuentas a comparecer una vez al año para informar de la fiscalización

VALLADOLID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

PP y PSOE han aprobado, con la abstención del Grupo Mixto, la Ley que modifica la organización y el funcionamiento de las instituciones propias de la Comunidad para dotarlas de "eficiencia" y limitar las presidencias de CES, Consejo de Cuentas y Consultivo y Procurador del Común a cuatro años y dos mandatos.

En el debate parlamentario se han incluido finalmente al texto cuatro enmiendas transaccionadas apoyadas por 'populares' y socialistas entre las que destaca que los empleados de las entidades homogeneicen de forma progresiva su salario al de los funcionarios de la Administración regional y la obligación del Consejo de Cuentas de comparecer una vez al año para informar de la fiscalización de la Comunidad.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santaigo-Juárez, ha comparecido ante la cámara para explicar esta nueva normativa que, como ha recordado, da cumplimiento al compromiso del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, hecho público en el Debate del Estado de la Comunidad de 2012 con el objetivo de "avanzar y explorar" nuevas vías para mejorar la "eficiencia" de estos entes.

De Santiago-Juárez ha insistido en que el objetivo de la normativa es "modernizar" las instituciones propias de la Comunidad y "adaptarlas" a la reforma del Estatuto de autonomía. Así, como novedad más destacadas de la normativa se establece que los cuatro organismos pasen a adscribirse a las Cortes, lo que, a juicio del consejero de la Presidencia, "profundiza en su necesaria independencia".

Otros cambios introducidos, además de limitar los mandatos, es posibilitar que las Cortes nombren a dos de los seis expertos del CES, ampliar las funciones de las cuatro instituciones y la importancia de incorporar los remanentes presupuestarios de las mismas a las consejerías más sociales.

"La Ley garantiza su independencia, moderniza las instituciones, las adapta al Estatuto de Autonomía, las homogeneiza, suprime altos cargos y amplia sus funciones", ha recordado De Santiago-Juárez, quien ha considerado que la aplicación de la normativa supondrá un ahorro futuro de en torno a 2,5 millones.

Tras esta intervención el procurador de IU, José María González, ha defendido las enmiendas parciales que han llegado vivas la Pleno. No obstante, ha argumentado la abstención del Grupo Mixto en esta normativa que, como ha destacado, evidencia un "despropósito" que, además, va a "desvirtuar" el papel "independiente" de las instituciones propias de Castilla y León.

Para González en este caso se ha utilizado el "gastado discurso del recorte y el ahorro" para "vaciar de competencias" a los organismos propios de la Comunidad. "Nuestras enmiendas avanzaban para evitar que esta ley vulnero el Estado de Derecho", ha aclarado.

Por último, el procurador de IU ha lamentado que a través de la norma se dote a las Cortes de "competencias impropias" y conviertan el Parlamento "en un edificio de usos múltiples", por lo que ha defendido que las cuatro instituciones mantengan una naturaleza jurídica diferenciada.

Las enmiendas parciales de Grupo Mixto han sido rechazados por el PP, ya que, en palabras del procurador Rubén Rodríguez Lucas, plantean una postura "inmovilista" y "atacan" los pilares básicos de la Ley.

Por su parte, el secretario del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín, ha defendido las enmiendas parciales de su grupo, de las que cuatro fueron transaccionadas, por lo que votó a favor de la normativa con el objetivo de "lograr una mayor eficiencia" por la vía de la ampliación de las funciones.

En este sentido, para el procurador 'popular' Salvador Cruz las enmiendas introducidas imprimen una "mejora sustancial" a la normativa. LA LEY

La normativa introduce como novedades que el CES informe sobre la Ley de Medidas Tributarias que acompaña al Presupuesto, al tiempo que homologa los mandatos que hasta hoy se llegaba a los cinco años en el caso del Procurador del Común, a cuatro en el CES y a seis en los consejos Consultivos y de Cuentas.

De este modo, a partir de la aprobación de la normativa, los mandatos serán de cuatro años y la persona que ocupe la Presidencia sólo podrá repetir en dos ocasiones. La ley también deja la puerta abierta a la aprobación de que se establezca una persona adjunta al Procurador del Común.

Se crea, en las Cortes, una secretaría general de apoyo a las instituciones propias, bajo la dependencia de su Presidencia, y esta será competente en el nombramiento del titular de la secretaría. Desempeñará, según la Ley, las funciones de gestión de material necesarias para el funcionamiento ordinario de las cuatro instituciones en materia de personal, régimen interior, contratación, gestión económica y presupuestaria, asesoramiento jurídico, intervención, fiscalización y contabilización. Será la Presidencia de las Cortes el órgano de contratación para los contratos comunes a dos o más instituciones; los de presupuesto igual o superior a dos millones de euros; o la contratación de estudios o trabajos técnicos.

La Ley también recoge aspectos referentes a la reducción del plazo de emisión de los informes, de 30 a 20 días, tanto para el Consejo Económico y Social como el Consejo Consultivo. Igualmente, los seis miembros del CES que actualmente nombra la Junta, el Gobierno autonómico pasará a designar solo cuatro y los dos restantes serán nombrados por las Cortes.

Los presidentes de las instituciones propias podrán desempeñar sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial, se establece el régimen de incompatibilidades y retribuciones en ambos supuestos. En el caso del CES la dedicación parcial del presidente requerirá de la aprobación por parte de dos tercios del pleno del CES. Si la dedicación es exclusiva, las retribuciones serán las mismas que reciben ahora; en el supuesto de dedicación parcial, cobrarían un tercio del importe que recibirían si tuvieran dedicación exclusiva.

Los presupuestos del Consejo Consultivo y del Consejo Económico y Social pasan a ser una sección dentro del presupuesto de las Cortes, igual que sucede en la actualidad para el Procurador del Común y el Consejo de Cuentas. El nombramiento de los miembros del CES y su presidente, así como el nombramiento de los consejeros del Consultivo y su presidente, se realizará por las Cortes, en lugar de por decreto, como sucedía hasta ahora.

AMPLIACIÓN DE FUNCIONES

La aprobación de esta Ley presenta algunas novedades referentes a la ampliación de las funciones de las instituciones propias. Así, en el Consejo Económico y Social se crea un grupo de enlace con la sociedad civil organizada, de modo que organizaciones que hasta ahora no tienen representación en el CES -como protección a la infancia, familia, juventud, mujer, mayores, discapacitados o inmigrantes- puedan tenerla en esta institución, sin coste adicional. El CES sigue informando sobre todos los decretos y proyectos de ley relacionados con la política socioeconómica y se amplían sus funciones, puesto que ahora pueden conocer los proyectos de leyes singulares con contenido socioeconómico.