PP y Vox exigen que cese la concentración de presos peligrosos como "deuda política" con Euskadi

Publicado: miércoles, 31 mayo 2023 13:00

   VALLADOLID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

   El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Menéndez, ha defendido este miércoles en las Cortes una Proposición No de Ley que ha sido respaldada por el PP con el fin de exigir al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "deje de utilizar" los centros penitenciarios de Castilla y León para concentrar presos peligrosos procedentes de las prisiones del País Vasco, donde se concentran presos de ETA, y pagar así sus "deudas políticas".

   Menéndez ha defendido esta iniciativa que ha contado con la abstención de UPL-Soria YA, Cs y Por Ávila y con el rechazo de Podemos y el PSOE, cuya procuradora, Yolanda Sacristán, ha defendido que la iniciativa de Vox está "plagada de mentiras" mientras que el Gobierno central avanza "con hechos" para garantizar la seguridad de los funcionarios de prisiones.

   El procurador de Vox ha defendido que el problema actual de los centros penitenciarios tiene un punto de inflexión en octubre de 2021, momento en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "traspasa el control de las cárceles del País Vasco al Gobierno Vasco, otorgándole plena competencia sobre ellas" y se incrementó en los últimos dos meses cuando el Ministerio del Interior del Gobierno Socialista de España "anunció oficialmente el fin de la política de dispersión de presos etarras".

   "El Gobierno vasco ha liberado plazas penitenciarias ocupadas por presos proetarras con presos comunes, deshaciéndose de presos conflictivos para enviarlos a otros lugares de España, con el único objetivo de utilizar esas plazas vacantes por presos etarras provenientes de otros centros penitenciarios del resto de España", ha explicado Menéndez.

   El procurador de Vox ha asegurado que este problema le preocupa dadas las "graves agresiones" que sufren los funcionarios de prisiones en Castilla y León, unas cifras que se han quintuplicado en los dos últimos años cuando se ha pasado de nueve agresiones en el 2021 a 45 en el 2022.

   "Los reclusos que se trasladan a Castilla y León desde el País Vasco son normalmente aquellos clasificados en primer grado, altamente conflictivos y que han protagonizado incidentes violentos", ha explicado el procurador de Vox, quien ha reclamado además que los funcionarios de prisiones sean considerados como agentes de autoridad.