Ha pedido medidas cautelares vía judicial para que se suspenda la Asamblea General Extraordinaria convocada por 12 directivos
VALLADOLID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería (Apehva), María José Hernández, ha presentado una querella criminal contra quienes la han acusado de tener "secuestrada" la asociación y cometer distintas irregularidades, en un capítulo más del enfrentamiento entre ella y doce miembros de su Junta Directiva que pretenden un relevo al frente de la organización.
Su querella se encuentra ya en manos del Juzgado de Instrucción número 4 y la misma, además de considerar un atentado a su derecho al honor el contenido del comunicado vertido el pasado día 15 de junio, plantea cautelares para evitar la celebración de la Asamblea General Extraordinaria que los citados integrantes de la Junta Directiva han convocado para el próximo día 28 en la Cúpula del Milenio a fin de celebrar elecciones y aprobar las cuentas de 2020 y los presupuestos de 2021.
Y es que, a juicio de Hernández, dicha convocatoria es absolutamente ilegal por cuanto la misma sólo la puede realizar la presidenta o un tercio de la Asamblea General, es decir, entre 160 y 180 miembros de la misma, al tiempo que el formato extraordinario impide debatir cuentas, presupuestos y elecciones, materias que, como así ha apostillado, sí se podrían haber abordado "tranquilamente" en la Asamblea Ordinaria que ella trasladó el 10 de junio a la secretaria pero que ésta se negó a tramitar alegando que había recibido otra convocatoria alternativa.
En la actualidad, la presidenta sostiene que esos 12 miembros de su Junta Directiva le han denegado el acceso a redes sociales y le han impedido las firmas pendientes con otras asociaciones de hostelería, además de cancelar la tarjeta de crédito, paralizar la Feria Provincial de Pinchos y desautorizarla ante el personal de la organización, toda vez que han advertido a los trabajadores que sólo acaten órdenes de la secretaria general, Ana María García Blanco.
En su comparecencia ante los medios, en silla de ruedas y con una pierna vendada hasta la rodilla, la todavía presidenta de la Apehva ha denunciado la campaña "descalificaciones y amenazas" sufrida en los últimos dos años, incluida la "retención por la fuerza" en la última Junta Directiva celebrada el 17 de mayo, y entiende que todo responde a una "cortina de humo" de los responsables para lograr la firma del convenio colectivo.
A este respecto, Hernández, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado que ya la Asamblea General de la asociación, por mayoría, se pronunció en contra de la firma de un convenio que sigue pendiente desde 2017 y que, en contra de la organización, fue firmado por la asociación de hoteles y los sindicatos. Su impugnación será objeto de juicio el próximo mes de noviembre.
La presidenta de la Apehva sigue insistiendo en que el convenio es tremendamente perjudicial para el colectivo y supondría la ruina de muchas empresas y familias, fundamentalmente porque la unificación de grupos salariales supondría a cinco años un incremento salarial global del 24 por ciento, frente al aumento del 5 por ciento soportado por los hoteles.
"Para que os hagáis una idea, la media de un incremento salarial en cualquier convenio es de entre el 1,5 y el 2 por ciento", ha incidido Hernández para mostrar el grave perjuicio que el convenio supondría para los integrantes de la asociación.
La responsable de los hosteleros de Valladolid también ha presentado documentación para desmontar las acusaciones de irregularidades denunciadas por sus oponentes, como los 316,65 euros de gastos de la tarjeta de crédito de la asociación, "debidamente justificados y con facturas", y los 1.200 euros de gastos de representación de 2020, importe que, tal y como ha advertido, es ridículo por cuanto muchos compañeros del sector ya le han llamado para decirle que eso es lo que se gastan ello mensualmente, así como los 500 euros de factura telefónica en plena pandemia.
Por todo ello, Hernández ha hecho un llamamiento a los asociados para que no acudan a la Asamblea General Extraordinaria del 28 de junio. En el supuesto de que las cautelares llegaran tarde y la misma se celebrara, la presidenta ha anunciado su intención de impugnarla.
Lo que también ha anunciado es su propósito de presentarse a una batalla electoral en la que por el momento su candidatura habrá de medirse con la del anterior presidente de la asociación, Jaime Fernández Lafuente, y la de Lola Paunero.
"Lo que hasta ahora era una asociación seria y con peso se ha convertido en un circo mediático donde cualquiera puede quitar de golpe y porrazo a la presidenta que ha sido legítimamente y democráticamente elegida", ha sentenciado María José Hernández.
