Primeros pasos en la norma que protegerá a los funcionarios que informen de delitos

   VALLADOLID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Junta de Castilla y León ha empezado a dar los primeros pasos en la elaboración de la futura ley por la que se regularán las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes.

   Para ello, el Consejo de Gobierno ha analizado este jueves el anteproyecto de esta Ley que busca dar un "plus de garantía" a esos informantes y avanzar "con más contundencia" y con hechos en la necesaria prevención del delito, máxime en estos momentos en los que se habla de regeneración democrática, un concepto que, en su opinión, se está "sobateando demasiado" sin esos hechos.

   "Tenemos mucha prisa", ha reconocido el consejero de la Presidencia quien ha abogado por la "tramitación urgente" en las Cortes de este texto que será negociado en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos que convocará la próxima semana y se pondrá a disposición durante 15 días en el Portal del Gobierno Abierto para que los ciudadanos planteen sugerencias. El texto pasará también por el Consejo de Función Pública para someterse a información del Consejo Consultivo, también por el trámite de urgencia.

   El consejero de la Presidencia ha definido la futura ley como una norma "muy sencilla" que incluirá de forma pionera en el país mecanismos que protejan a los empleados públicos informadores, tanto funcionarios como personal estatutario y laboral, en esas informaciones sobre supuestas irregularidades.