La secretaria de Vivienda del PSOE de Castilla y León, Ana Casado, durante una rueda de prensa celebrada este martes en las Cortes - EUROPA PRESS
VALLADOLID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Vivienda del PSOE de Castilla y León, Ana Casado, ha anunciado que su partido solicitará información a la Junta sobre el caso de un vecino de Laguna de Duero (Valladolid) que denuncia estar pagando un alquiler superior al establecido para su vivienda protegida, al tiempo que ha reclamado la necesidad de blindar la vivienda pública frente a "procesos de especulación y concentración en manos de fondos de inversión".
Los socialistas también quieren conocer la situación administrativa del resto de inmuebles de la promoción, que cuenta con un total de 210 viviendas.
Casado ha comparecido en rueda de prensa junto a Daniel, el inquilino que reside en uno de los inmuebles junto a su pareja y su hijo, quien ha explicado las dificultades que atraviesa desde que tuvo conocimiento de que la renta que abona es superior a la que se acordó antes de entrar a vivir en la vivienda.
Según ha relatado, la empresa arrendadora, una Socimi (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario) presentó el contrato para obtener el visado administrativo correspondiente, pero la Junta denegó la autorización al apreciar un posible sobreprecio en el alquiler.
Pese a esta situación, Daniel asegura que ha abonado la cantidad fijada en su contrato, mientras espera una respuesta sobre las actuaciones administrativas relacionadas con el caso.
Según su versión, la empresa le trasladó que había presentado un recurso y que la Administración autonómica le había comunicado que la denegación del visado se había producido por un error.
Por este motivo, el inquilino reclamó información a la Dirección General de Vivienda para conocer el estado de la supuesta impugnación. En concreto, ha señalado que presentó una primera solicitud el 4 de noviembre de 2025 y una segunda el 17 de marzo de 2026, sin haber recibido respuesta.
Ante la falta de información, Daniel solicitó el 21 de septiembre de 2026 la apertura del correspondiente expediente sancionador y que se procediera a la devolución de las cantidades que considera abonadas indebidamente, junto con los intereses correspondientes.
Según ha explicado, tampoco había obtenido contestación a esta petición en el momento de la comparecencia.
En cuanto a las cantidades que paga, Daniel ha detallado que su renta mensual asciende a 427 euros, frente a los 300,41 euros que considera que debería abonar conforme a las condiciones aplicables a la vivienda, una cantidad a la que se suman los gastos de comunidad, por lo que el desembolso mensual se sitúa en torno a los 340 euros si se toma como referencia la renta que considera correcta.
El afectado ha lamentado la situación que atraviesa y ha asegurado que se siente desprotegido ante la falta de una respuesta que le permita aclarar cuál es la renta que debe pagar y qué consecuencias puede tener la situación administrativa de su vivienda.
PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Por su parte, Casado ha reclamado al Ejecutivo autonómico que facilite toda la documentación relativa al expediente de este inquilino y a los visados de los contratos de alquiler de la promoción.
El PSOE pretende conocer si se han producido más casos similares y qué controles se han aplicado para comprobar que las rentas respetan las condiciones de las viviendas protegidas.
La responsable socialista ha recordado que la promoción recibió una subvención de 1,5 millones de euros y un préstamo bonificado de 8,1 millones para cumplir una finalidad social, unas ayudas que hacen necesario comprobar que las viviendas se destinan efectivamente al alquiler en las condiciones previstas.
La socialista tmbién ha cuestionado otras circunstancias relacionadas con la promoción, entre ellas el cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la renuncia al derecho de tanteo y retracto.
La secretaria de Vivienda del PSOE ha señalado que una diferencia de alrededor de 100 euros mensuales por vivienda supondría, si se extendiera al conjunto de los 210 inmuebles, una cantidad aproximada de 252.000 euros al año.
Por ello, el partido solicitará a la Administración autonómica información sobre el expediente de Daniel, las condiciones de los contratos y las posibles actuaciones realizadas respecto a las viviendas de la promoción.
