MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha registrado una proposición no de ley para su debate en el Pleno del Congreso en la que insta al Gobierno a habilitar una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a la que puedan acceder ayuntamientos y comunidades autónomas para pagar las deudas que mantienen con el tercer sector que, según datos de este tipo de organizaciones, ascienden a más de 600 millones de euros.
En su iniciativa, que recoge Europa Press, los socialistas reclaman al Ejecutivo que "ponga en marcha en el plazo de dos meses una línea de crédito ICO que posibilite a las comunidades autónomas y entidades locales el acceso a crédito con el objeto de hacer frente al pago de las ayudas, convenios y subvenciones concedidas por estas administraciones a las organizaciones del tercer sector de la acción social y entidades sociales no lucrativas pendientes de cobro con anterioridad al 1 de enero de 2012".
Además, proponen un "reconocimiento del importante papel desarrollado" por estas organizaciones, comprometiéndose a "impulsar medidas que refuercen el trabajo que desarrollan en España" y también que "en futuras disposiciones legislativas que se dicten para posibilitar el acceso al crédito de las administraciones públicas con objeto de pagar a sus acreedores se incluya expresamente entre estos a las entidades no lucrativas".
Y es que, según recuerdan, el plan de pago a proveedores municipales y autonómicos puesto en marcha por el Ejecutivo dejaba fuera explícitamente las deudas contraídas con el tercer sector a través de convenios, ayudas o subvenciones, lo que hace necesario a juicio de los socialistas la puesta en marcha de "nuevas iniciativas que alivien la grave situación económica" que esta tipo de organizaciones sufren.
DEUDAS ACUMULADAS.
Según las plataformas más representativas del tercer sector, la "tardanza en el pago de las ayudas y subvenciones otorgadas por comunidades autónomas y ayuntamientos" está provocándoles "graves problemas de financiación" que las está llevando a "situaciones extremas" que, en algunos casos, "suponen la extinción de programas que afecta tanto al empleo de los trabajadores que desarrollan estos programas como a los miles de personas que son atendidas en los mismos".
De hecho, datos de la Plataforma del Tercer Sector que cita el PSOE cifran en más de 600 millones de euros los recursos pendientes de recibir por estas organizaciones a diciembre de 2011, de los que más de 200 millones son producto de compromisos impagados en concepto de subvenciones y convenios, significativamente contraídas por las comunidades autónomas y ayuntamientos, de las que más de 100 millones eran deudas vencidas hace más de un año.
"La grave situación de crisis económica está ocasionando por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos un retraso acumulado en el pago de las obligaciones que han contraído con estas entidades no lucrativas, a lo que se une importantes restricciones de acceso al crédito, que requieren de una respuesta urgente por parte del Gobierno para asegurar la cohesión social y mantener el importante trabajo que estas organizaciones sociales desarrollan, tanto en el ámbito de la inclusión social como el acceso al empleo de las personas con mayor dificultad", insisten los socialistas.
PARTE FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD.
Así, recuerdan que "las organizaciones del tercer sector son entidades sociales no lucrativas de atención directa a la ciudadanía con mayor riesgo de exclusión social y/o en situación de vulnerabilidad que complementan los programas desarrollados por las administraciones", por lo que "potenciar su actuación y dotarles de recursos para poderlos llevar a cabo inciden directamente en la atención de miles de españoles y españolas".
Además, apuntan que este tipo de organizaciones generan en torno al 5% del PIB y sostienen 1,2 millones de puestos de trabajo, aproximadamente el 10% del empleo nacional. "Harían falta 320.000 puestos de trabajo para que la administración pública pudiera suplir el total de servicios sociales prestados hoy por estas organizaciones", añaden.
Además, se trata de entidades con "experiencia y especialización" en materia de atención a grupos de exclusión y "durante estos años de crisis económica han demostrado su capacidad para complementar la labor de las administraciones públicas, viendo aumentada la demanda de sus servicios y programas a la ciudadanía que más sufre esta crisis".
"Por ello debemos reforzar estas organizaciones y dotarlas de más medios para que puedan continuar esta tarea de atención directa a las personas desfavorecidas y de promover los procesos de inclusión activa, dado que han demostrado su capacidad para llegar a quienes más lo necesitan y la eficiencia de su trabajo", concluye la iniciativa socialista.
