Actualizado 06/05/2014 19:39

El PSOE pide regular las competencias de los agentes forestales y equipararlas en todas las comunidades autónomas

El parlamentario Juan Luis Gordo, junto a representantes del sector forestal
PSOE

Reclama en el Congreso dotarlos del carácter de agente de la autoridad y de un estatuto propio

VALLADOLID/MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha planteado en el Congreso de los Diputados una regulación de la figura de los agentes forestales y medioambientales y equiparar sus competencias en las distintas comunidades autónomas y corporaciones locales.

El portavoz de Interior del Grupo, Antonio Trevín, y el coordinador territorial de Castilla y León, Juan Luis Gordo, han registrado este martes la Proposición No de Ley en el Congreso tras mantener una reunión con representantes de colectivos de agentes forestales.

Gordo ha destacado la importancia de la iniciativa en Castilla y León donde el 50 por ciento de todo el territorio es masa forestal (más de 4,8 millones de hectáreas; y de más de 2,9 de superficie arbolada. Además, ha recordado que en la comunidad hay 850 agentes forestales y medioambientales, que tienen potestad en casi un 90 por ciento de todo el territorio regional, menos en zonas urbanas, por lo que ha insistido en "la necesidad de homologar las competencias de los agentes en las distintas comunidades autónomas para mejorar la gestión medioambiental".

Por su parte, Trevín ha explicado que se trata de una iniciativa "absolutamente necesaria" tras los últimos cambios en la regulación de los agentes de autoridad, "como es el caso de la Ley de Seguridad Privada que da más competencias a los vigilantes privados, mientras que los agentes forestales, que tienen claramente un papel como agentes de la autoridad, no tienen resuelta su situación".

En ese sentido, ha insistido en "la defensa del PSOE de lo público, frente la continua defensa del PP de lo privado", por lo que ha pedido "un respaldo jurídico adecuado para unos efectivos públicos de una gran profesionalidad y que resultan imprescindibles".

A través de la Proposición no de Ley los socialistas han reclamado mantener la figura de los agentes forestales como funcionarios dotados del carácter de agente de la autoridad y habilitados para el ejercicio de las funciones de policía judicial ante cualquier cambio legislativo y que su actuación no requiera cauces intermedios entre la autoridad judicial y la administración a la que pertenezcan.

Además, piden que, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y en el plazo de tres meses, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente cree un grupo de trabajo para analizar la normativa actual que regula a los Agentes Forestales y proponga las reformas legales a las distintas administraciones para establecer una regulación que les dote de unas competencias equiparables.

ESTATUTO ESPECÍFICO

También solicitan que los agentes forestales de la administración local, puedan tener un estatuto específico que contemple el mismo tratamiento que los autonómicos. La propuesta incluye que se les integre, de manera inmediata, en los servicios de emergencias 112, la modificación del Reglamento de Armas para permitir el acceso a la licencia de armas A como funcionarios públicos en los casos en que sea necesario y la modificación del Reglamento General de Vehículos para que los servicios de urgencias de los agentes forestales puedan utilizar la señal luminosa de vehículos prioritario de color azul.

El Estado cuenta, según datos del PSOE, con una plantilla de 6.000 agentes forestales. Tras la transferencia de competencias en materia ambiental del Estado a las Comunidades Autónomas, éstas comenzaron a legislar de diferente manera, considerando unas veces a estos agentes como funcionarios estrictamente forestales y otras pasando a integrar una policía ambiental más amplia.

Además, la actual situación permite que se les equipare con los vigilantes de seguridad privada, pese a tratarse de agentes de la autoridad, en lo referente al uso de armas de fuego o que sus vehículos no sean considerados como policiales en servicios de urgencias.