Sindicatos cifran en 44 millones equiparar salarios universitarios en CyL a CCAA limítrofes y anuncian movilizaciones

VALLADOLID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales CCOO, CSIF, Stecyl-i y UGT han cifrado en 44 millones el coste que supondría equiparar el salario de las diferentes figuras docentes de las cuatro universidades públicas de Castilla y León a lo que se paga en autonomías limítrofes, por lo que han reclamado a la Junta que retomen las negociaciones sobre el convenio colectivo, al tiempo que advierten de que prepararán un calendario de movilizaciones si no atienden a sus peticiones.

En concreto, y según datos aportados por la propia Consejería de Educación a petición de las centrales, la actualización de las tablas salariales supondría un coste de 33 millones de euros, a los que habría que sumar otros once para garantizar el abono de complementos autonómicos.

Las centrales han calificado esta reivindicación de "sensata" y ha subrayado que el montante total representa "apenas" un uno por ciento del presupuesto total de la Consejería de Educación para 2026, cifrado en 3.050 millones de euros.

"No pedimos ser los que más cobramos, sino igualarnos a comunidades como Galicia o La Rioja para corregir un agravio que nos sitúa en el último puesto del país en remuneración", han insistido los representantes de las cuatro organizaciones que han apuntado que el pasado 4 de febrero remitieron un escrito a las consejerías de Educación y de Hacienda, así como a las propias universidades, con el objetivo de que el Ejecutivo regional se "involucre directamente" en la negociación, dado que cualquier acuerdo retributivo requiere del visto bueno de ambos departamentos de la Junta.

El actual marco regulador data de 2015 y, tras trece años "sin actualizarse", ha quedado "obsoleto" ante los sucesivos cambios normativos, han denunciado por lo que han exigido a la Junta "retomar" un diálogo --no se reúnen desde el pasado 4 de febrero-- que consideran "imperante" para el sistema universitario.

Ante la falta de datos actualizados por parte de los rectorados -que afectan a un colectivo estimado de más de 2.500 profesionales entre fijos y temporales-, los sindicatos han anunciado el inicio de una campaña de información y asambleas en todos los campus. Estas reuniones precederán a un calendario de movilizaciones y concentraciones frente a los rectorados y las delegaciones territoriales de Educación, con el objetivo de forzar a la Junta a ejercer su papel coordinador y financiero para "salvar" el sistema universitario autonómico.

La unidad de acción sindical, que agrupa a las cuatro organizaciones representativas en la mesa, responde a la necesidad de desbloquear un convenio que consideran "fundamental" para la estabilidad del Personal Docenete e Investigador (PDI). "No es una postura caprichosa, obedece a una necesidad imperante", han remarcado durante la comparecencia, para insistir en que la presencia de la Junta en las reuniones es "clave" para que la Administración conozca de primera mano las reivindicaciones y justifique, en su caso, la viabilidad de las propuestas económicas planteadas para actualizar las condiciones del colectivo.

Como ejemplo, han puesto que un profesor contratado doctor cobra "4.000 euros menos que uno de la Universidad de La Rioja o de la de Vigo". En relación con la figura del profesor ayudante doctor, han reclamado una homologación al resto de las figuras lo que supondría un incremento "de en torno a 3.000 euros de las retribuciones básicas".

"En el caso de la figura del profesor colaborador, a extinguir, pero especialmente maltratada en nuestra comunidad, hay una diferencia mucho más grande si la comparamos con el resto de las universidades públicas de nuestro país, y buscamos que sus retribuciones se sitúen sobre los 32.000 euros", han abundado para reclamar un salario de 23.000 euros para que la figura del profesor sustituto.

"Y, en el caso de los profesores asociados, lo que pedimos es que mantengan su retribución en relación a la que tienen en estos momentos, porque la nueva ley orgánica les ha rebajado la carga de docencia que tienen", ha finalizado.

Además, el conflicto se ha visto "agravado" por la falta de desarrollo normativo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) por parte de la Junta de Castilla y León. Esta "parálisis" obligó a negociaciones parciales en cada campus para evitar que los ayudantes doctores quedaran "en la calle" al finalizar sus contratos de seis años, han añadido. Como resultado, se ha consolidado una "deshomologación" interna donde un profesor permanente laboral en Salamanca percibe el 93,8 por ciento del salario de un titular, mientras que en Valladolid, Burgos y León la cuantía cae al 88,8 por ciento.

Ante esta situación, los sindicatos han anunciado que utilizarán "todas las herramientas legales y de movilización" a su alcance para forzar una mesa de negociación a tres bandas que incluya a las universidades y a la Junta.