Trabajo confirma que 13 ayuntamientos de Ávila cedieron a la Junta 150 trabajadores para la campaña contra incendios

ÁVILA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Inspección de Trabajo, a instancias de Izquierda Unida, ha corroborado que 13 ayuntamientos de ävila cedieron a la Junta cerca de 150 trabajadores de la campaña contra incendios.

Santiago Jiménez, portavoz de IU en la Diputación Provincial de Ávila, ha explicado este lunes en rueda de prensa que "se confirman las sospechas" de esta formación política sobre la cesión de trabajadores por parte de 13 ayuntamientos y una mancomunidad el pasado verano y en beneficio de la Consejería de Medio Ambiente para la campaña contra incendios 2010.

"A partir de este momento, los trabajadores podrán solicitar con carácter retroactivo lo que hubieran cobrado por ser empleados de la Junta, pues han estado trabajando para la Administración regional, así como podrán reclamar su condición de trabajadores fijos discontinuos", indicó.

Jiménez instó a las administraciones "a modificar este tipo de actuaciones de cara a futuras campañas, pues de lo contrario", según sus propias declaraciones "ya no será una sanción sino un delito".

No obstante, el portavoz de IU en la Diputación ha precisado que "no es posible una sanción económica", y así lo explica el documento de la Inspección de Trabajo, porque "sería la misma administración que recibe la sanción la encargada de imponerla, convirtiéndose en juez y parte".

Asimismo, el diputado provincial invitó a los alcaldes de las localidades, de los que quiso pensar "que no sabían que estaban engañando", a que se pongan en contacto con sus vecinos "por el bien del pueblo" para dar a conocer este asunto, y apeló al buen hacer de los técnicos y secretarios, "pues deben saber lo que hay que hacer en cada caso".

Igualmente, Santiago Jiménez llamó la atención sobre las administraciones implicadas (Consejería de Medio Ambiente, Diputación, mancomunidades y ayuntamientos) para que "dejen de dañar los intereses de sus trabajadores y sus ciudadanos".

El problema se consideró por el perjuicio sobre los conductores y mangueristas de 14 autobombas cedidas por la Diputación a 13 ayuntamientos y una mancomunidad, pero finalmente también ha afectado a consistorios que tienen estos vehículos en propiedad.