Un testigo asegura que Villanueva le obligó a ceder sus proyectos eólicos "a coste cero" a un empresario local

VALLADOLID, 31 (EUROPA PRESS)

El promotor de parques eólicos y expresidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) entre 2004 y 2012, José María González Vélez, ha asegurado que fue el entonces consejero de Economía, el ya fallecido Tomás Villanueva, quien le obligó a ceder "a coste cero" sus proyectos de parques eólicos en la provincia de Valladolid a un empresario local, presión a la que cedió para poder desarrollar otros en la provincia de León.

   Dicho testimonio, en una nueva jornada del juicio por la 'trama eólica' que investiga mordidas por valor de 80 millones obtenidas, presuntamente, por altos cargos de la Junta y empresarios locales por la tramitación de parques eólicos, ha situado el 'tiro' por encima del hoy principal inculpado en la causa, el que fuera viceconsejero de Economía, Rafal Delgado, ya que González Vélez ha precisado que todas sus conversaciones las mantuvo con el máximo responsable de dicho departamento, Tomás Villanueva, quien le puso bien claras la condiciones si pretendía tener algún futuro en el sector eólico en Castilla y León.

   En este sentido, el testigo ha explicado que tramitó parques con una potencia de 750 megavatios en Castilla y León para Hidro Norte (HN) Generación Eléctrica en el periodo entre 2000 y 2004 cuyos expedientes se encontraban paralizados. Entró entonces en contacto con el consejero Villanueva y éste, como así ha ratificado en el juicio, le trasladó la obligación de entregar "a coste cero, en una cesión simple" los proyectos Peñaflor 2, 3 y 4 que promovían en Montes Torozos, en la provincia de Valladolid, para ponerlos en manos de un empresario local, quien hasta entonces no tenía experiencia en el sector.

   Las presiones dieron sus frutos y el testigo, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha apuntado que 'pasó por el aro' y cedió los 300 megavatios que representaban los parques de Valladolid porque esa era la condición para poder desarrollar o otros, por similar potencia, en la zona de Sahagún (León). Para el desarrollo de estos últimos y obtener "músculo financiero", González Vélez dio entrada a otros socios y estos últimos terminaron finalmente por vender los parques a Iberdrola, si bien esta operación se acometió cuando él ya no formaba parte de la sociedad.

   A lo largo de su declaración, el testigo ha insistido en que durante todas estas negociaciones la voz cantante en la Consejería de Economía la llevaba su máximo responsable, Tomás Villanueva, quien antes de su fallecimiento llegó a figurar en la causa como investigado.

    "Al viceconsejero, Rafael Delgado, le saludé alguna vez, pero con quien yo trataba para estos asuntos era Villanueva", ha matizado González Vélez, quien ha añadido que tras ceder a las presiones del consejero para entregar los parques a un empresario local, casualmente los que promovía en la provincia de León recibieron las autorizaciones en muy poco tiempo.

   En la misma línea ha testificado el que fue director técnico de catorce parques promovidos por la empresa IDER, quien ha hecho mención a una reunión del consejo de dicha sociedad en la que su director general, el ya fallecido Manuel Fernández, advirtió a los allí reunidos de que la tramitación se estaba demorando porque se imponía como requisito poner los proyectos a nombre de empresarios locales, "y ello a pesar de que se contaba con todas las autorizaciones".

   Las presiones llevaron finalmente a vender en noviembre de 2005 los proyectos a SINAE, hoy EDP, principal empresa energética de Portugal, por un total de 28,5 millones, frente a los 280 millones que pretendía obtener IDER. "El precio de la venta fue condicionado, sabíamos que estábamos condenados a vender, no teníamos más remedio", ha lamentado el testigo, quien ha destacado que el objetivo de IDER era "tramitar, construir y explotar" los parques proyectados, en la línea de uno promovido en Tarragona que hoy cumple su veinticinco aniversario, y ha denunciado que tras la venta los proyectos, paralizados desde hacía años, fueron autorizados pocas semanas después.

   Ha corroborado esta situación el representante legal de Enersol--formaba parte del accionariado de IDER--, Fernando José Moreno Soto, quien ha acusado a la Junta de "no tener interés" en que sus proyectos salieran adelante con la configuración de socios que había en la mercantil, de ahí la necesidad de vender porque la tramitación se encontraba "incomprensiblemente" paralizada. "Vendimos 400 megavatios por la cantidad irrisoria de 28 millones, diez veces menos que su valor real. Fue el precio que nos impusieron", se ha quejado el testigo, quien ha añadido que el director general de IDER les había justificado la venta en que sus proyectos estaban "dentro de un cajón".

   Por contra, un representante de la mercantil compradora SINAE, Dionisio Fernández Auray, ha asegurado que el precio pagado estaba "modelizado", fruto de la aplicación de distintos parámetros, y ha rechazado que el precio final hubiera sido impuesto por alguien ajeno a la negociación. También ha justificado que si poco tiempo después obtuvieron las autorizaciones de los parques, entiende que es porque estaban por aquel entonces con la tramitación muy avanzada.

   También ha 'desfilado' por la sala la funcionaria de la Junta Mercedes de los Reyes, quien el 27 de enero de 2004, en calidad entonces de letrada interina y a instancias de Rafael Delgado, elaboró un informe jurídico sobre la figura de la avocación puesta en marcha en abril de ese año que dejaba en manos del viceconsejero la facultad de autorizar los parques eólicos, "una posibilidad establecida legalmente y que sigue siéndolo", ha dictaminado la testigo.

 LISTADO CON LOS PARQUES "URGENTES O PREFERENTES"

   La vista, una más de las que se sucederán en este 'macrojuicio' hasta enero de 2026, ha contado igualmente con la declaración de César Justo Rodríguez, en la época investigada jefe de la Sección de Energía Eléctrica de la Dirección de Energía y Minas de la Junta, quien ha sido interpelado, entre otras cuestiones, por una reunión celebrada el 30 de marzo de 2005 en Valladolid en la que los jefes de los servicios de Industria de las nueve provincias recibieron un listado, "una hoja excel sin firma ni nada", de manos del viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, en el que se especificaban los proyectos a los que había que dar "urgencia o preferencia" por estar vinculados a sociedades de Castilla y León.

   Sí ha recordado el testigo que el listado suscitó el malestar del jefe de Burgos porque los proyectos correspondientes a su provincia y por los que venía siendo interpelado desde hacía tiempo por sus promotores no habían sido incluidos. "Dijo no entender la razón de ese listado y advirtió de que iba a tener problemas con aquellos empresarios que promovían parques en Burgos", ha enfatizado César Justo Rodríguez, quien ha añadido que su idea es que ese listado se había elaborado en el Ente Regional de la Energía (EREN) pero desconocía qué persona en concreto.

   La supuesta 'trama eólica' tiene su origen cuando la Junta de Castilla y León entendió que el sector de las energías renovables y particularmente el eólico era un sector que facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la Comunidad Autónoma, regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable, por lo que decidió favorecer una importante entrada de empresas castellanoleonesas en las promotoras de parques eólicos.

   El plan consistía en exigir a los promotores cuyos parques poseían visos de obtener la autorización, bien por el avanzado estado de la tramitación de sus expedientes bien por hallarse en zonas donde no había competencia con otros proyectos, ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que debía ser próxima al 40 por ciento.

   Mientras no estuviera garantizada la participación no se autorizaban los parques eólicos. Y para justificar esta paralización Rafael Delgado decidió crear una nueva fase en el procedimiento administrativo denominada competencia por evacuación que sólo superaban aquellos parques que incluían un socio local, y es a partir de ahí donde el auto detalla todo aquellos empresarios a los que Delgado benefició con la autorización de las tramitaciones.

   El conjunto de las penas de cárcel que solicita el Fiscal Anticorrupción para los trece encausados se eleva a 123,5 años de cárcel y 850 millones de euros de multas. La mayor de las penas, 42 años y multa de 239 millones de euros, es para Rafael Delgado, como presunto cabecilla de la trama al dictado de las indicaciones del entonces consejero del ramo ya fallecido, Tomás Villanueva. Le siguen los empresarios Alberto Esgueva y Germán José Martín Giraldo, ambos con 12 años y 68 y 14,5 millones de multa, respectivamente; el abogado y presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con diez años y medio y más de 25 millones de multa; y César Hernández, con siete años y 1.888.000 euros.