UGT aboga por "repensar" el modelo residencial para "amparar derechos"

   VALLADOLID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El sindicato UGT ha abogado por "repensar el modelo de atención residencial" de Castilla y León a fin de "amparar los derechos" de los usuarios de estos centros, así como "proteger a las personas que los cuidan".

   Éstas han sido las dos ideas principales que el sindicato ha trasladado a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en el periodo de consultas que la Junta ha abierto antes de presentar el borrador para la futura Ley de Atención Residencial de la Comunidad, como ha defendido este miércoles el secretario autonómico de la UGT, Faustino Temprano.

   Temprano ha estado acompañado por la secretaria de Salud Laboral y Política Social del sindicato, Azucena Pérez; el secretario regional de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FESP), Tomás Pérez, y la secretaria de Servicios Sociosanitarios, Mujer e Igualdad, Fonsi Bonafonte.

   El líder regional de la UGT ha insistido en la que Junta "debe garantizar" estos derechos en el nuevo marco legal, en el que debe haber, a su juicio, "un único modelo" que asegure unos "servicios sociales públicos, fuertes y de calidad".

   Para ello, ha subrayado la importancia de apostar por la "calidad en el empleo" de este sector que corrija la situación de "sobrecarga de trabajo" que sufre este personal "esencial" y las escenas de residencias "desbordadas" a causa de la pandemia.

   Así, ha apostado por "abandonar el modelo asistencialista" para ir hacia uno en el que "se garanticen derechos" y que debe contar, como ha advertido, con financiación a largo plazo, ya que sin apoyo presupuestario la nueva ley "no servirá para nada".

APRENDER DE LA PANDEMIA

   Faustino Temprano ha subrayado la necesidad de "aprovechar lo aprendido" durante la pandemia y trasladarlo al texto legal para evitar situaciones similares a las soportadas este año en las residencias.

   Para el líder de UGT, la atención debe estar "centrada exclusivamente en la persona" frente a un sistema que con la COVID ha evidenciado "su fragilidad" y la "escasa coordinación" entre los profesionales asistenciales y los sanitarios.

   Por ello, ha recalcado que la ley debe suponer "un giro de 180 grados" al modelo actual de Castilla y León, al tiempo que ha recordado que la anterior norma fue "tumbada por los tribunales". Ante los datos que sitúan a la Comunidad entre las que mayor número de muertes han registrado en las residencias, Temprano ha sentenciado que "algo no ha funcionado bien" y ha llamado a "no permitir la precariedad" que sufren estos trabajadores.

   Por su parte, Azucena Pérez ha advertido de que es necesario, además de contar con recursos humanos "suficientes", determinar el ámbito y las competencias de cada trabajador, con planes de formación continua para ellos y que favorezca la digitalización de los centros.

   La responsable de Salud Laboral y Política Social del sindicato ha defendido también la incorporación de la persona al proceso y convertir el centro residencial "en un espacio de decisión". Asimismo, ha reclamado que este modelo sea acordado y cuente con la participación de los agentes del Diálogo Social.

   Al hilo de esto, Fonsi Bonafonte ha advertido de que "sin manos no se salvan vidas", al tiempo que ha apuntado que en este modelo "no se puede disociar lo social de lo sanitario" y debe contar con una "perspectiva de género" en un sector muy feminizado como es el de la atención residencial.

   En cualquier caso, la secretaria de Servicios Sociosanitarios, Mujer e Igualdad ha recordado que esta nueva ley, de la que aún no hay borrador, "va a tardar en tramitarse", por lo que ha pedido "medidas urgentes" que pasan por modificar las ratios de un personal "exhausto", lo cual debería articularse, a juicio de Tomás Pérez, mediante un decreto ley.

NEGOCIO

   Tomás Pérez ha acusado a los poderes públicos de "convertir en desprecio" los aplausos que estos profesionales recibían al inicio de la pandemia y ha pedido a la Junta de Castilla y León que "deje de ver en los centros residenciales un negocio" y perciba la atención residencial "como un derecho", tras lo que ha reclamado una ley "del siglo XXI" y "no de la caridad del siglo XIX".

   En este sentido, Pérez ha lamentado que el Gobierno regional lleve "años" sin construir un nuevo centro público, sobre lo cual ha recordado que "sólo 18" de las residencias de Castilla y León son completamente públicas, tanto en la titularidad como en ya gestión, ya que "muchas se construyen con dinero público pero se regala la gestión a empresas privadas", como ha apostillado Faustino Temprano.

   Tomás Pérez ha reclamado una mayor inspección en las residencias --ya que actualmente sólo se dispone de cuatro inspectores para más de 2.000 residencias en Castilla y León-- y ha cuestionado la negativa de PP y Cs a permitir una comisión de investigación en las Cortes sobre las residencias. "Si yo estoy orgulloso de mi gestión, abro todas las puertas porque todo van a ser halagos", ha ironizado el secretario regional de la FESP.

   En este aspecto, Tomás Pérez ha asegurado que "en muchos casos sí ha habido una relación directa" entre falta de medios y mayor número de muertes por coronavirus en las residencias, si bien ha recalcado que para evitar el riesgo de las generalizaciones "habría que analizar con datos que la Junta de Castilla y León se niega a dar".

   Al hilo de esto, Fonsi Bonafonte ha añadido que esta relación también se percibe en aquellas residencias donde ha habido "menos formación" para sus profesionales.

   Para la UGT, el modelo no debe ser, como norma general, el de residencias medicalizadas, pero "sí deben contar todas ellas" con personal sanitario que conozca tanto a los pacientes como los recursos del centro a la hora de decidir si procede la derivación a un centro sanitario o es conveniente la convalecencia en la propia residencia, adaptando el protocolo a las circunstancias de cada uno.

   No obstante, Tomás Pérez ha advertido contra aquellas empresas que cobran por incluir asistencia en las residencias, pero "luego derivan al centro de salud" por falta de medios, una razón más, a su juicio, para incrementar las inspecciones.