VALLADOLID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) ha asegurado este lunes que el inmueble propiedad de la Junta de Castilla y León en el sector de La Vega 2, de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) presenta el "síndrome del edificio enfermo", por lo que ha reclamado a la Administración regional que tome medidas para corregir la situación.
Según han señalado fuentes sindicales en un comunicado recogido por Europa Press, las resoluciones del Procurador del Común y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social dieron la razón a los trabajadores sobre las malas condiciones ambientales que existen en este edificio, donde están destinados los empleados de la Agencia de Inversiones y Servicios (ADE).
El sindicato ha incidido en que los informes de evaluación de riesgos y planificación preventiva realizados en el edificio en marzo y mayo de este año confirman que las zonas comunes y las plantas cuarta y quinta del citado edificio sufren problemas ambientales como la humedad relativa baja, con valores de entre el 20 y el 35 por ciento; así como el frío en las fachadas norte y calor en las orientadas al sur.
Además, han recordado que el informe propone las medidas de instalar baterías humidificadoras en las climatizaciones de aire primario y la regulación de la instalación, algo que hasta la fecha, según el texto, la Junta "no ha adoptado".
En la misma línea, han incidido, se ha pronunciado previamente el Procurador del Común que tras la investigación de diversas quejas resolvió que "se adoptaran las medidas necesarias para erradicar el síndrome del edificio enfermo".
Los problemas a los que se refiere UGT, añadieron, proceden del sistema de climatización "cuyas deficiencias provocan que el aire no cumpla con los valores mínimos de humedad, lo que acarrea una mayor incidencia de enfermedades respiratorias, con neumonías incluidas, una elevación de la electricidad estética, lo que a su vez puede producir diversos problemas circulatorios".
El edificio fue adquirido, según datos del sindicato, a un precio de 60,5 millones de euros "lo que para los 400 trabajadores desplazados supone un coste por trabajador desplazado de mas de 150.000 euros, coste que es mucho mas que suficiente como para garantizar el cumplimiento de las mínimos que establece la Ley para cualquier centro de trabajo".
