VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
Representantes de UGT con su secretario autonómico, Faustino Temprano, a la cabeza han urgido este jueves a agilizar la tramitación parlamentaria de la futura Ley de Atención Residencial para poner fin a la actual norma, que ampara un "modelo caduco y fracasado", y para ayudar a conjugar los derechos de los profesionales y de los usuarios, personas mayores y vulnerables que, según han advertido, "lo único que no tienen es tiempo".
"La Junta está jugando con el tiempo", ha criticado el secretario de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, que ha lamentado la "incercia" de las administraciones en la dilatación de los tiempos para insistir en la "urgencia" de la tramitación de una nueva norma que mejore y rectifique los "fallos" y las "graves deficiencias y enormes carencias" de la vigente, una ley "obsoleta" que, según han añadido Temprano, ya no funcionaba bien antes de una pandemia que evidenció que el modelo no dio solución inmediata ni adecuada a los problemas. "Se vio el traje del emperador y el emperador estaba desnudo", ha sentenciado Pérez Urueña.
"No puede ser que el anteproyecto --aprobado el pasado 30 de abril-- no haya pasado todavía ni por el CES. Se tenía que haber hecho ya y no se ha hecho", ha reprochado Pérez Urueña, que ha aclarado a la Junta que no se trata de una "ley normal", si no de un asunto "tan importante y vital" que debería llevar a acelerar los plazos, a lo que ha añadido la mayor ralentización que supondría un adelanto electoral en Castilla y León.
Pérez Urueña ha advertido asimismo del "agotamiento absoluto" de los profesionales, sobre todo los de las residencias privadas y concertadas, que se encuentran "exhaustos" y "completamente agotados" y sin posibilidad de relevo ya que "no se encuentran profesionales" y a los que se contrata no cuentan con la formación necesaria en algunos casos, mientras la Junta "mira para otro lado".
Precisamente, una de las exigencias de UGT es que la Junta incremente las inspecciones y el número de inspectores para vigilar "con más ahínco" la situación laboral de los trabajadores de las residencias privadas-concertadas que, según han asegurado, sólo están al completo "previo aviso" de inspecciones. "Para que las cosas funcionen tiene que haber auditorías", ha insistido.
Temprano también ha hecho un llamamiento a sacar conclusiones de todo lo ocurrido en las residencias de mayores en los últimos meses como "oportunidad" para elaborar ahora una "ley de futuro" que esté basada en el servicio público de atención a las personas mayores, frente al "mercadeo puro y duro" que permite la actual ya que prima el modelo privado-concertado que cubre en la actualidad el 80 por ciento de las plazas.
En el mismo sentido se han pronunciado las secretarias de Políticas Sociales e Igualdad y de Sociosanitario y Atención a la Dependencia, Victoria Zumalacárregui y María Pilar Gutiérrez, respectivamente, que han recordado que ha pasado un año desde que se hicieron eco en rueda de prensa de la necesidad de elaborar una nueva norma para lamentar: "Seguimos en el punto de partida, sin resolución ni soluciones (...) Tras un año de pandemia no hemos aprendido nada".
Finalmente, han abogado por llevar esta negociación al seno del Diálogo Social y han lamentado que tanto la patronal como CC.OO se opusieran en su día por lo que han llamado a "recapacitar".
