Andorra prorroga los contratos de alquiler pero permite incrementos por encima del IPC

El Gobierno pretende que en cuatro años el mercado "quede liberado"

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha entrado a trámite parlamentario este lunes el proyecto de ley que permite que en 2024 se vuelvan a prorrogar los contratos de alquiler que vencen ese mismo año, pero a diferencia del 2022, esta vez autoriza incrementar las rentas por encima del IPC.

Lo ha anunciado en rueda de prensa la ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, acompañada del secretario de Estado de la materia, Jordi Puy, destacando que la voluntad es "proteger los alquileres más antiguos".

Marsol ha explicado que, dado el incremento de la inflación --setiembre se ha cerrado con un IPC del 6,1%--, el Gobierno ha llegado a la conclusión que es necesario "prorrogar un año mas los contratos vigentes".

Ahora bien, su voluntad sigue siendo "liberalizar" el mercado, por lo que la nueva norma pretende ser una ley de punto y final, según palabras de la ministra, que no haga necesario aprobar ninguna otra los próximos años.

Así, la idea es que en un plazo de cuatro años el mercado "quede liberado" y funcione completamente sin intervención de la administración.

INCREMENTOS

De esta forma, se ha establecido un incremento progresivo de la renta en función del año en que se firmó el contrato de alquiler a la vez que también se aplica una gradación en las prórrogas.

Concretamente, los contratos firmados en 2015 o antes, podrán tener una prórroga de cuatro años y una actualización máxima del IPC más un 5%.

Para los contratos del 2016, la prórroga es de tres años con un incremento del IPC más un 4%.

En el caso de los contratos firmados en 2017, la prórroga es de dos años y la actualización de la renta del IPC más un 3%.

Para los contratos del 2018 se ha previsto una prórroga de un año con un aumento del IPC más un 2%, mientras que los firmados en 2019 se podrán prorrogar un año y actualizar la renta con IPC más un 1%.

De la misma forma, la nueva ley recoge que aquellas rentas inferiores a los 6 euros el metro cuadrado y para las cuales sea operativa la prórroga, la propiedad podrá actualizar el precio con un máximo del IPC más un 6%.

Puy ha remarcado que, a partir de 2024, la renta se actualizará si está pactado en el contrato, de acuerdo con la ley de arrendamiento de fincas urbanas, para que a medida que transcurran los años los contratos "se vayan liberando".

EXCEPCIONES

El Gobierno también ha previsto algunas excepciones para las cuales no operará el régimen de prorrogas.

Se podrá terminar el contrato si se cede el inmueble al Gobierno para poder destinarlo al parque público de vivienda, si la recuperación del inmueble es para destinarla a uso propio o para un familiar hasta segundo grado de consanguinidad; si la renta mensual supera los 2.000 euros; si se deben realizar obras vinculadas a la seguridad, salubridad o higiene, y si el titular es un residente pasivo.

Finalmente, Marsol y Puy han detallado que será el arrendatario quien deberá pedir la prórroga en el plazo de un mes antes de que finalice el contrato.

La ministra ha destacado que la nueva ley pretende dar "estabilidad al mercado de alquiler" y seguridad a los arrendatarios, por lo que los contratos más antiguos son los que tienen las prorrogas mas largas.

Igualmente, Marsol ha explicado que la ley también prevé un incremento del impuesto para los pisos vacíos, que pasa de 10 a 20 euros el metro cuadrado, si bien ha reconocido que es una medida que no ha sido demasiado efectiva porque ha habido muy pocos propietarios que hayan tributado de forma voluntaria.

Finalmente, se ha previsto alargar la prórroga que impedía dar nuevas licencias de apartamentos turísticos y que terminaba en septiembre de 2024.

La ministra ha detallado que se alarga un año más y que además se amplía y, si hasta ahora se podía conceder licencias para apartamentos de 5 estrellas, ahora esto tampoco será posible con el objetivo de que "aflore el máximo de vivienda" para los residentes en el Principado.

El proyecto de ley se ha tramitado con carácter de urgencia y debe aprobarse antes de que termine el año, por lo que la ministra ha apelado a la colaboración de los grupos parlamentarios.

SITUACIÓN

Antes de dar a conocer las nuevas mediadas, la titular de Vivienda ha aportado algunos datos que ha barajado el Gobierno para establecer las prórrogas e incrementos.

En este sentido, la ministra ha detallado que en Andorra hay 39.000 hogares de los cuales 25.000 se encuentran bajo el régimen de alquiler.

Según los datos recopilados por el Ejecutivo, el precio medio del alquiler en 2021 se situaba "alrededor de los 830 euros", si bien Marsol ha admitido que los contratos más nuevos tienen precios bastante superiores.

De la misma forma, según el análisis del Gobierno, la mayoría de ocupantes de los pisos son parejas solas o con un hijo a cargo, que trabajan y tienen menos de 65 años y que se pueden permitir pagar 800 o 1.000 euros de alquiler "pero no 1.500 o 2.000".

Finalmente, Marsol ha anunciado el Gobierno está trabajando para que a principios del 2024 se pueda poner en marcha una bolsa de vivienda a precio asequible que permita introducir al mercado "los 3.000 pisos" que se calcula que están vacíos.