El Gobierno de Andorra inspecciona los beneficiarios de ayudas para evitar "picarescas"
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
Cerca de 600 andorranos han recuperado el empleo desde mediados de junio según los datos del Servei d'Ocupació d'Andorra (SOA) presentados por el ministro portavoz, Eric Jover, en rueda de prensa.
Jover ha señalado que a mediados de junio se registró el pico máximo, con 1.873 personas inscritas buscando empleo --una cifra que el país no había registrado anteriormente, ha recordado el ministro--, dato que se ha reducido hasta alrededor de las 1.300 durante la tercera semana de julio.
De finales de mayo, con 1.761 personas inscritas al SOA, a finales de junio, cuando había 1.456 inscritos, se ha registrado una disminución del 17% de las personas en búsqueda de empleo.
Estos son algunos de los datos que muestran "una ligera mejora relacionada con el retorno a la actividad" después del cierre al que obligó el Covid-19, según ha expuesto el titular de Finanzas y portavoz del Ejecutivo.
Otro dato "ligeramente positivo" se encuentra con las ofertas de empleo: en junio se han ofrecido 517 puestos de trabajo por los pocos más de 300 que se ofrecieron el mes anterior, un crecimiento del 30%.
Los datos relativos a las Suspensiones Temporales de Contrato de Trabajo (STCT) y a las Reducciones de Jornada Laboral (RJL) --figuras andorranas equivalentes a los ERTE-- también "muestran que progresivamente hay una reanudación de la actividad económica", ha dicho Jover.
En este sentido, en mayo estaban afectadas por STCT y RJL más de 9.620 personas, en junio eran 6.812; también ha cambiado la proporción entre estas formas, y ahora las empresas optan más mayoritariamente por la Reducción de la Jornada Laboral.
CAMPAÑA PARA EVITAR "MALAS PRAXIS"
El coste acumulado para el Gobierno de los programas de STCT y RJL es de 17 millones de euros, y las previsiones actuales son que para diciembre --cuando está previsto que terminen-- se sitúe entre los 35 y los 50 millones de euros.
Los datos están por debajo de las previsiones iniciales, que apuntaban a un coste total cercano a los 80 millones de euros, según ha recordado el ministro de Finanzas y Portavoz.
Es obligación del Gobierno estar al lado tanto de empresarios como de trabajadores, pero se trata de dinero público y "hay que ser rigurosos", por lo que se ha iniciado una campaña para verificar las condiciones de los beneficiarios de las ayudas.
El objetivo es "evitar malas praxis y picarescas", ha manifestado Jover, que ha recordado que si se detecta alguna infracción se abrirá el correspondiente expediente que implicará la devolución de la ayuda y una sanción que puede ir de los 500 a los 25.000 euros.
