El Gobierno de Andorra aprueba medidas obligatorias de ahorro energético

El ministro portavoz, Eric Jover, con el secretario de Estado de Agricultura y Sostenibilidad, Marc Rossell.
El ministro portavoz, Eric Jover, con el secretario de Estado de Agricultura y Sostenibilidad, Marc Rossell. - SFGA
Actualizado: miércoles, 14 diciembre 2022 20:03

La temperatura ambiente de tiendas, hoteles y oficinas no podrá superar los 20 grados

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejo de ministros del Gobierno de Andorra ha aprobado este miércoles el decreto de medidas provisionales de reducción del consumo energético y de ahorro energético que convierte en obligatorias a partir del jueves para el sector empresarial todas las acciones que hasta ahora eran solo recomendaciones.

De hecho, desde el pasado 7 de setiembre el Gobierno ya adoptó un decreto para impulsar medidas concretas de ahorro en la administración general y, según ha informado mediante un comunicado, se ha conseguido reducir más de un 12% el consumo en estos organismos.

Durante el último trimestre, el Gobierno ha firmado hasta 207 pactos para aplicar medidas similares a las administraciones locales y en el sector empresarial, pero desde el tejido económico se había pedido que las acciones fuesen obligatorias.

Los empresarios no querían que se viese comprometida la libre competencia y que ésta comportase la adopción de un modelo sostenible y más sobrio energéticamente.

De esta forma, a partir del jueves, en las tiendas, hoteles o lugares de trabajo donde se disponga de climatización eléctrica, la temperatura ambiente no podrá ser superior a los 20 grados durante los meses de uso de la calefacción.

En el caso de los hoteles, la temperatura de las habitaciones la podrán regular los huéspedes, pero en todo caso el establecimiento tendrá que recomendarles la adopción del límite de 20 grados.

El decreto también prohíbe el uso exterior de sistemas de calefacción o climatización eléctricos y durante el horario laborable, ni en los sitios de trabajo ni en las zonas comunes no se puede usar la iluminación artificial mientras haya suficiente luz natural.

Al finalizar la jornada las luces deben apagarse y la iluminación exterior de los edificios sea informativa, ornamental, monumental o simbólica, y de los escaparates y rótulos, no puede encenderse antes de la puesta de sol y se tiene que apagar como muy tarde a la hora de cerrar.

Las luces de Navidad se tendrán que quitar como muy tarde el 15 de enero y el horario de funcionamiento se limita desde que empieza a oscurecer hasta las 22 horas.

Al final de la jornada laboral se deberán apagar todos los equipos eléctricos y electrónicos de las mesas de trabajo y las empresas tienen que ajustar el régimen de funcionamiento de las instalaciones a la demanda real y a la concurrencia, cerrando instalaciones o zonas fuera de los días u horas punta, siempre que sea posible.

Con este decreto, que tienen una vigencia de dos meses, el Ejecutivo intenta conseguir el objetivo de reducir un 15% el consumo energético para hacer frente a la situación inestable y volátil de los mercados de electricidad y la menor producción de energía en toda Europa.

Además se destaca que estas medidas y la consiguiente reducción del consumo también supondrán un mayor ahorro en la compra de energía de los mercados exteriores, hecho que garantiza una mayor viabilidad de FEDA (Forces Elèctriques d'Andorra) así como un menor impacto para la ciudadanía en la factura eléctrica.

TARIFA DE RETRIBUCIÓN

De forma paralela, el Gobierno también ha aprobado este miércoles el decreto que fija la tarifa de retribución de la electricidad inyectada a la red para regular y desvincular esta retribución de la tarifa mayorista a la que las entidades distribuidoras adquieren la electricidad a la compañía pública.

De esta forma, se mantiene el precio de compra de la electricidad establecido antes de la subida de las tarifas con una retribución fija igual a 0,1104 €/KWh.

La medida permite mantener el atractivo de los proyectos y su impulso, sin que este hecho implique un mayor coste para el sistema eléctrico y esto, en consecuencia, pueda revertir en el conjunto de la ciudadanía.