Actualizado 06/06/2012 21:21 CET

La Audiencia Nacional busca al dueño del Girona FC para extraditarlo a Polonia por delito fiscal

El Dirigente Deportivo Josep Delgado Y Su Abogado, Carles Monguilod (ARCHIVO)
Europa Press

Polonia le reclama por delitos con una pena prevista de hasta diez años de cárcel

GIRONA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha dictado una orden de prisión provisional sin fianza para extraditar al empresario y propietario del Girona Futbol Club, Josep Delgado, tras aceptar la petición de Polonia por delitos fiscales, según un auto del 23 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press.

Para poder garantizar la entrega, la Audiencia Nacional dictó el ingreso a prisión sin fianza de Delgado y al no localizarlo ha sido cuando ha emitido una orden de busca y captura, según ha avanzado la Cadena Ser.

La sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha accedido a la entrega de Delgado a Polonia dado que la pena prevista para los delitos que se imputan suman hasta diez años de cárcel.

El auto detalla que entre el 30 de noviembre de 2006 y el 2 de junio de 2010, el propietario del Girona FC evadió impuestos y cometió diferentes delitos fiscales motivo por el cual se le acusa de un delito contra el orden público, de un delito fiscal contra las obligaciones fiscales y liquidaciones relacionadas con las dotaciones y subvenciones, y de un delito contra operaciones económicas.

Y es que según detallan desde un juzgado de Polonia, Delgado creó una red de empresas que se dedicaba a la compraventa de metales no ferrosos y articuló un grupo organizado "con el objetivo de cometer delitos fiscales en operaciones económicas"; todo ello con el propósito de evadir los impuestos correspondientes a la compra de la chatarra de cobre y emitió facturas falseadas y ficticias.

La Audiencia Nacional justifica la extradición de Delgado por el cumplimiento de la "piedra angular de la cooperación judicial", ya que existe una orden de detención europea contra él.

Finalmente, el texto recoge que, como garantía en el caso de que el reclamado sea condenado a pena de prisión, el procesado "será devuelto a España para el cumplimiento de dicha pena en este país".