La Audiencia Nacional pide 13,5 millones de fianza a dos exdirectivos de Caixa Penedès

Suspende cautelarmente cualquier pago derivado de las pólizas de prejubilación presuntamente fraudulentas

MADRID/BARCELONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a trámite la querella presentada este martes por la Fiscalía Anticorrupción contra cuatro exdirectivos de Caixa Penedès por delitos societarios y de apropiación indebida que se les imputan por adjudicarse presuntamente planes de pensiones millonarios.

Al exdirector general de la entidad Ricard Pagès, y a Santiago José Abella, que fueron los que efectivamente cobraron de estas pólizas, se les exige la prestación de sendas fianzas de 11.609.708,76 y de 1.893.070,39 euros, respectivamente, para que puedan hacer frente a las responsabilidades civiles de ser condenados.

Se les da un plazo de 24 horas para depositar estas cantidades o serán embargados, y el juez suspende cautelarmente "cualquier pago" a los querellados derivados de las pólizas consideradas fraudulentas.

La querella también se dirige contra los exdirectivos Manuel Troyano Molina y Juan Caellas, si bien a éstos dos últimos no se les pide fianza porque no llegaron a cobrar ninguna cantidad.

En el caso de que se produzca cualquier entrega dineraria, Pedraz ordena que se le comunique "la cuenta o instrumento financiero de destino", y pide que para ello se mande oficio a la aseguradora AXA Aurora Vida.

CITACIONES

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 cita en calidad de imputados a Pagès y Troyano el próximo 7 de de marzo a las 10.30 horas, mientras que dos días antes fija las comparecencias de Abella y Caellas a la misma hora.

En su auto, el magistrado también oficia a la Dirección General de Supervisión del Banco de España "a fin de que caso de existir remita copia autentificada de las actuaciones inspectoras e informes que se hayan desarrollado sobre Caixa d'Estalvis del Penedès en relación con las indemnizaciones o pensiones satisfechas a los querellados.

Además, el magistrado ofrece la posibilidad de personarse en la causa a Caixa d'Estalvis del Penedès y a Grupo Mare Nostrum, asé como al Fondo de Reeestructuración Ordenada Bancaria (Frob).

Según la querella de Anticorrupión, los exdirectivos" actuaron de común acuerdo para vincular fraudulentamente a la caja de ahorros que regían, generando obligaciones económicas para su beneficio particular y en perjuicio de la entidad, actuando de espaldas a los máximos órganos colegiados de la misma".

Valiéndose de la ayuda del director de recursos humanos Jaume Jorba --recientemente fallecido-- y del resto de querellados, Pagès diseñó una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse una "desproporcionada ganancia patrimonial a costa de la entidad, pensada para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo".

Desde 2001, los querellados "se auto-concedieron" derechos económicos a espaldas de los órganos colegiados de la caja a través de pensiones que no estaban contempladas en sus contratos para cuando abandonaran la entidad.

Sumando el plan de pensiones y cuatro pólizas suscritas, Pagès se adjudicó 11.609.708 euros, Abella 5.727.774 euros, Troyano 6.164.999 euros, Jorba 3.311.758 euros y Caellas 4.838.675 euros; en total, 31.652.917 euros.

"CONVINCENTE PENUMBRA"

Según el fiscal, lograron mantener estos pagos "en una convincente penumbra mediante informaciones fragmentarias e incompletas acerca de su verdadera naturaleza y extensión".

A partir de 2009 la crisis del sector financiero provocó un endurecimiento del marco normativo y un mayor control de las entidades bancarias, especialmente en lo relacionado con las remuneraciones de los altos directivos.

En el caso de Caixa Penedès, a esto se unió que en 2010, en el contexto de reestructuración del sector financiero español, la entidad se fusionó a Caja Granada, Caja Murcia y Sa Nostra, que dio lugar al Banco Mare Nostrum (BMN), para lo que recibió ayudas por 915 millones de euros del Frob.

Estas dos circunstancias hicieron temer a los querellados que las pensiones que se habían adjudicado pudieran salir a la luz, y fueran cuestionadas tanto por la entidad como por la opinión pública, "con el consiguiente riesgo de perderlas".

Por eso, se decidieron a realizar "toda una serie de actuaciones irregulares a fin de blindar sus derechos económicos", que acabaron recibiendo al abandonar sus cargos en 2011, buscando diferentes tipos de coberturas formales y fórmulas jurídicas.