Propone sancionar a la propiedad con 90.000 euros, pero Fiscalía debe pronunciarse primero
BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Barcelona ha llevado a Fiscalía un caso de acoso a inquilinos por primera vez, después de resolver el procedimiento por la vía administrativa, mediante la que ha propuesto imponer a la propiedad una sanción de 90.000 euros, cuya ejecución deberá esperar al pronunciamiento de Fiscalía, han explicado fuentes municipales.
El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha defendido este lunes en un apunte en Twitter que se trata de una "nueva conquista del movimiento vecinal y del Sindicat de Llogaters en defensa del derecho a la ciudad", y ha recordado que el Gobierno municipal también ha multado a dos grandes propietarios por tener pisos vacíos en el Eixample.
Se trata de un caso de acoso inmobiliario en Sant Antoni por la omisión del deber de la propiedad de conservar la finca, en la que hay bajantes fecales rotas y cañerías de plomo para agua que la hacen no apta para el consumo humano, entre otros desperfectos por falta de conservación del edificio, en la calle Floridablanca y en el que hay 22 viviendas en alquiler.
El Ayuntamiento ha resuelto este caso por la vía administrativa y, según las mismas fuentes municipales, consultadas por Europa Press, la propuesta de sanción es firme, aunque para imponerla se debe esperar a la resolución de Fiscalía, que debe estudiar también si puede haber delitos penales en el caso.
El Gobierno de Ada Colau ha promovido esta vía desde julio amparándose en la Ley de la Vivienda de 2007, que permite a los ayuntamientos instruir procedimientos por acoso desde la vía administrativa antes de acudir a la judicial, y en estos momentos está trabajando en 14 casos que afectan a 22 viviendas --la mayoría en el Eixample y Ciutat Vella--.
Han sido archivados seis expedientes por el desistimiento de la persona que había alertado del acoso, alegando que lo que motivó la queja ya no se produce y por acciones correctoras de la propiedad, ha explicado el Ayuntamiento, que asegura que ha observado que esta vía ha generado un efecto disuasorio de prácticas discriminatorias y abusivas.
