BARCELONA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este martes las ordenanzas fiscales para 2016, que incluyen la congelación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) al 98% de los barceloneses, con los votos a favor del Gobierno de BComú, ERC, PSC y la CUP, y el rechazo de CiU, C's y PP, tras lo que la alcaldesa, Ada Colau, ha agradecido "el trabajo y las aportaciones de los que han hecho posible evitar la subida generalizada del IBI".
Las ordenanzas --que se han acordado en el último pleno en el que podía aprobarse, ya que deben entrar en vigor el 1 de enero-- congelan el IBI a las viviendas con un valor catastral de hasta 300.000 euros --que representan el 98% de ciudadanos-- y lo suben al 2% restante con un valor catastral superior, que equivale a un valor de mercado de alrededor de 600.000 euros, una medida introducida por los socialistas.
Después de incorporar propuestas del PSC, ERC y la CUP, las ordenanzas amplían hasta seis años el periodo actual de tres para la bonificación del IBI de las viviendas de protección oficial, actualizan el valor catastral en las bonificaciones para familias numerosas e incluyen la exención del pago del IBI a los centros sanitarios de titularidad pública.
Las ordenanzas --que actualizan las de 2012-- también prevén deducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en el caso en que se incremente el número de trabajadores fijos, y que las pequeñas empresas que no pagan IAE tengan excepciones del IBI si hacen contrataciones estables.
El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha destacado que las ordenanzas pretenden preservar las clases medias, "pedir a los grandes patrimonios de la ciudad que contribuyan en la medida de sus posibilidades", fomentar el empleo estable y proteger a las familias más afectadas por la crisis, la sanidad pública, el medio ambiente, el comercio de proximidad y los pequeños y medianos empresarios.
El líder de ERC, Alfred Bosch, ha resaltado que, pese a que la propuesta inicial del Gobierno de Ada Colau era "una fotocopia de las ordenanzas fiscales anteriores" --aprobadas en el mandato anterior de CiU--, las alegaciones y propuestas incorporadas han contribuido a elaborar unas buenas ordenanzas, según él.
La socialista Montserrat Ballarín ha celebrado que se hayan aprobado las ordenanzas aunque haya sido "por los pelos dentro de tiempo", porque ha dicho que la prórroga de las anteriores hubiese provocado una subida del IBI a todos los barceloneses, mientras que las aprobadas permiten su progresividad.
Maria José Lecha (CUP) ha pedido más progresividad en este impuesto y ha apoyado las ordenanzas pese a considerar que no representan un gran avance, tras lo que ha lamentado el hecho "anacrónico e injusto" de que la Iglesia esté exenta de pagar el IBI, algo que ha pedido cambiar o desobedecer.
RECHAZO DE CIU, C'S Y PP
La concejal de CiU y exteniente de alcalde de Economía Sònia Recasens ha criticado que las ordenanzas se han aprobado "en el último minuto de la partida y con los votos del tripartito", y ha avisado de que no son ni progresistas ni de izquierdas ni transparentes.
La líder municipal de C's, Carina Mejías, ha dicho que son fruto de la improvisación y que han dejado pasar la oportunidad de avanzar hacia una mejor fiscalidad, tras lo que ha alertado de que la subida del IBI a los valores catastrales a partir de 300.000 euros puede perjudicar a los ciudadanos cuyos inmuebles no se correspondan con su renta.
El presidente del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández, ha criticado que las ordenanzas provocan que Barcelona tenga las tasas e impuestos más elevados de España, y que la ciudad es una gigantesca zona azul pintada de verde: "Taxalona continúa", ha aseverado.
COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE
Las ordenanzas también prevén subvencionar el 95% de la cuota del IBI a los comercios emblemáticos e impulsa el programa 'Barcelona zona zero d'impostos' --que los elimina para los nuevos autónomos--, y una subvención de apoyo al sector cultural que demuestren revertir en la ciudad más del 75% de sus beneficios.
También incluyen que el 15% del coste de la grúa sea deducido a los conductores que no han tenido multas el último año, y una rebaja del 75% en el coste del servicio como tasa de desenganche, en los casos en los que el propietario del vehículo llega al lugar cuando la grua no ha empezado la marcha para llevárselo.
Contemplan incrementos en las tasas por la emisión de informes técnicos y autorizaciones de Bombers de Barcelona y la Guardia Urbana --como solicitudes de ocupación de la vía pública para rodajes--, una rebaja en la tasa de alcoholemia y de test de drogas tras un cambio en la contrata, y bonificaciones para los vehículos menos contaminantes, mientras que no se beneficiarán los diésel.
